Con un abrazo, la ministra de Educación Adriana Delpiano y el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, sellaron hoy la aprobación del proyecto de Nueva Educación Pública en la comisión mixta, tras un nuevo acuerdo entre el gobierno y la oposición. De esta manera, el Ejecutivo evitó que la derecha recurriera al Tribunal Constitucional y pusiera en duda los plazos de la implementación de la futura ley.
Uno de los puntos que más discusión concentró fue la transición con que se haría el traspaso de colegios desde las municipalidades a los 70 servicios locales de educación (SLE) que administrarán el nuevo sistema. Y si bien, se acordó que este proceso tendrá una fecha límite, establecida para el 31 de diciembre de 2030, el debate se instaló en otro de los focos de discusión: la opción de que aquellas comunas con buen desempeño (académico y administrativo) puedan postergar su ingreso a los SLE.
La aprobación de esta excepción fue esencial para que los parlamentarios de oposición lograran aprobar gran parte de los 11 puntos que estaban en discusión y no siguieran con la idea de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), ya que ahora y tal como mencionó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente, durante la sesión, "el gobierno va a honrar el acuerdo con la oposición".
Así quedó establecido en el artículo 10° transitorio establece que "los municipios que cumplan con una serie de requisitos objetivos y copulativos, relacionados con los resultados de desempeño de los establecimientos, así como con la gestión y el pago de las obligaciones previsionales a sus trabajadores, podrán solicitar al Ministerio de Educación que se postergue el traspaso a los Servicios Locales".
En total, según cálculos de expertos las comunas que podrían optar a esta alternativa bordearían las 40 a nivel nacional. Esto, porque para postular deberán incluir al 60% de sus colegios en los dos niveles superiores de calidad, según la medición oficial del gobierno. Figurar en el 30% superior de municipalidades con mayor retención de matrícula, no presentar deudas previsionales en los últimos 24 meses y no arrastrar un déficit mayor de un 5% en su presupuesto de educación.
Para el senador Allamand este punto fue una victoria. "Para nosotros es de extraordinaria importancia que haya quedado establecido que los municipios que gestionen bien la educación en sus colegios podrán continuar haciéndolo más allá del avance de la desmunicipalización. Por lo tanto, vamos a avanzar hacia un sistema mixto, donde los municipios que lo hagan bien van a continuar gestionando sus colegios", aseguró.
Distinta es la interpretación del gobierno. Desde el Mineduc aseguran que esto no significa que los municipios que cumplan con los parámetros exigidos en materia de desempeño académico, no ingresen a la nueva institucionalidad, sino que ya quedó establecido una fecha para el traspaso.
"No es no ingresar, es quedarse al final. Lo que se ha planteado en la ley es un tema muy riguroso respecto a las condiciones para hacer el traspaso y no variar esa situación", argumentó la ministra Delpiano.
La versión de la secretaria de Estado es corroborado por el senador PS Carlos Montes. "Cómo está redactado (el artículo) ellos pueden pedir postergar, no pueden pedir no entrar. El plazo quedó para el 2025 más 5 años, pero claramente tienen que entrar dentro de ese período. Esto es más simbólico que real, porque ninguno de ellos está considerado que entre al sistema antes del 2022".
