La Comisión de Educación del Senado aprobó ayer el proyecto de Nueva Educación Pública, que apunta a traspasar la administración de los colegios desde las municipalidades al Estado, en una sesión marcada por la confirmación del acuerdo suscrito entre el gobierno y Chile Vamos.
Esto último se tradujo en la ratificación de un paquete de indicaciones que apuntan a establecer una transición más gradual de una reforma que entrega el control a una nueva institucionalidad, que crea 68 servicios locales de educación (SLE).
El primer paso, según el texto que aprobó la comisión y que ahora revisará su par de Hacienda para que luego la sala del Senado vote su paso a ley, establece que el primer SLE entrará en funcionamiento "entre la fecha de publicación de esta ley y el 30 de junio de 2018", y que éste incluirá las comunas de Lo Prado, Pudahuel y Cerro Navia.
La primera etapa de implementación considera la constitución de 11 servicios al cabo de 2020. Al año siguiente, un equipo de expertos, que se constituirá a fin de ir evaluando el avance del proceso, entregará un informe al Presidente de la República para que defina la forma y los tiempo con que proseguirá el traspaso.
A esto se suma que aquellos municipios que presenten buenos indicadores, tanto académicos como administrativos (ver recuadro), podrán postergar su ingreso al nuevo sistema para ser los últimos en sumarse.
Para Cristián Bellei, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la U. de Chile, ello marca la incertidumbre respecto de cuándo estará totalmente en régimen la desmunicipalización. "En conjunto, las indicaciones incorporadas expresan una cierta falta de convicción en la urgencia de desmunicipalizar. Qué significa que los municipios que presumiblemente se encuentran mejor se incorporen al final del periodo. En la ley original eran seis años, ahora con las indicaciones de se extendió a ocho años, pero con una salvedad importante. Que introduce una comisión especial que hace una pausa al año 2021, que entre otras recomendaciones puede sugerir interrumpir el proceso o postergarlo a 25 años. No se sabe".
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, aclaró que "en régimen todos los colegios tienen que entrar. Lo que pasa es que los que han manejado bien la educación lo harán al final. Cuando se arman los servicios locales, se juntan tres, cuatro comunas grandes para armar una red de establecimientos. Este país tiene una diversidad de establecimientos en el sector público muy grande. Eso está en el proyecto y considera recursos. Todos pasan a los servicios locales en un momento determinado".
El senador Andrés Allamand (RN) enfatizó que "cuando se llega a un acuerdo hay que cumplirlos, pese a que durante toda la tramitación hicimos ver que hay muchas normas que son de extraordinaria complejidad. Todo lo que tiene que ver con el traspaso del personal, con derechos laborales de trabajadores que van a ser traspasados. Todo lo que tiene que ver con el sistema de obligaciones y de deudas. Todos eso, en definitiva, va a tener que ser analizado con particular cautela. Varios miembros de la comisión hicieron presente que iba a ser necesario revisar con lupa el conjunto de estas normas".
Para Carlos Montes este fue un triunfo de la oposición. "A la derecha no le fue mal. Ninguno de los puntos del acuerdo lo apoyamos. O sea no fuimos parte de acuerdo, pero lo aprobamos porque tiene muchos otros artículos. Vamos a seguir la discusión hasta el final, en la sala y vamos a seguir en la comisión de Hacienda. Porque creemos que el proyecto quedó con vacíos".