El PRI, que dirigió a México durante siete décadas, regresa al poder hoy con un Presidente de una nueva generación para gobernar a un paí­s que ha cambiado considerablemente en los 12 años en que el partido no ejerció la presidencia.

Enrique Peña Nieto juramentará al cargo después de hacer campaña como el rostro de un nuevo Partido Revolucionario Institucional, que se ha declarado arrepentido y renovado tras ser sacado de la presidencia en las elecciones de 2000. El PRI gobernó durante 71 años con una amalgama de dádivas populistas, sobornos y elecciones manipuladas.

Peña Nieto ha prometido gobernar democráticamente y en forma transparente. Pero sus primeras disposiciones, incluso antes de la toma de posesión, evidenciaron un sólido ví­nculo con el pasado.

En su gabinete anunciado ayer recurrió a la vieja guardia, así­ como a nuevos tecnócratas para que lo acompañen en el gobierno.

"Yo no creo que exista tal cosa como el 'nuevo PRI''', puntualizó Rodrigo Aguilera, analista sobre México para la Economist Intelligence Unit de la revista The Economist. "Es una nueva generación de priistas, pero no representan una corriente fundamentalmente diferente".

Pena Nieto asumió el cargo en los primeros instantes del sábado en una breve ceremonia, llamada de transmisión del mando, con el presidente saliente Felipe Calderón en el Palacio Nacional, recinto histórico y sede del gobierno mexicano en el centro de la capital. Tiene previsto prestar el juramento formal al cargo esta jornada en un acto al que también asistirán dignatarios de varios paí­ses, incluido el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La ceremonia de la toma de juramento en el Congreso y un posterior discurso en el Palacio Nacional fueron dispuestos como actos con una pompa discreta y una elevada seguridad dado que Calderón se fijó el objetivo de una transición tersa. Hace seis años, el grupo de seguridad de Calderón tuvo que abrirle paso entre bloqueos y manifestantes para introducirlo al Congreso a fin de que pudiera prestar juramento luego de una victoria por escaso margen sobre Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática, de tendencia izquierdista.

Es probable que esta vez también haya manifestaciones frente al Congreso y en los principales monumentos de la Ciudad de México. Pero el PRD prometió no invadir esta ocasión el podio de la legislatura, ni organizar protestas masivas como las que paralizaron la capital hace seis años.

Por su parte, la mayor parte de los mexicanos parecí­an más interesados en el salario de fin de mes y en las compras navideñas que en la llegada de un nuevo presidente. Divididos y con sentimientos encontrados, numerosas personas se muestran desconfiadas de que se produzca un regreso a los viejos dí­as del PRI, pero también están cansadas del Partido Acción Nacional de Calderón y de la agudización de la violencia en la guerra de seis años del presidente saliente contra el crimen organizado. La campaña ha dejado unos 60.000 muertos, según algunas estimaciones.

Peña Nieto ofreció hacer del crecimiento económico y de la generación de empleos el eje de su gobierno, con Luis Videgaray, su confidente de mucho tiempo y coordinador de su campaña, como un eje para lograrlo. Videgaray, un economista de 44 años de edad con un doctorado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, será el nuevo secretario de Hacienda.

Miguel Angel Osorio Chong, ex gobernador estatal de 48 años conocido como un operador polí­tico y forjador de acuerdos, fue nombrado secretario de Gobernación (Interior), cargo que tendrá una participación fundamental en los asuntos de la seguridad.

Una iniciativa de ley propuesta por Peña Nieto congregarí­a a la policí­a y al aparato de seguridad bajo el control de Gobernación y crearí­a una nueva comisión nacional contra la corrupción. Esos cambios podrí­an ser aprobados por el Congreso la próxima semana.

Peña Nieto también prometió impulsar reformas que atraigan nuevas inversiones privadas a Petróleos Mexicanos (Pemex), una paraestatal fundamental pero aquejada por diversos problemas. Esas modificaciones han sido impedidas durante varias décadas por una suspicacia nacionalista en torno a una intromisión extranjera en el negocio petrolero.