Tras una intensa discusión en la comisión de Constitución, el senador DC Patricio Walker, valoró la aprobación unánime de la iniciativa que sanciona el acoso sexual a menores por medios electrónicos.

Al respecto Walker dijo que "el grooming es la antesala del abuso físico, vale decir, cuando un adulto contacta a menores y tiene conversaciones de carácter sexual, para obtener las imágenes del menor desnudo, esa conducta va a ser sancionada con penas de hasta 5 años de cárcel".

También, Walker puntualizó que "la moción obliga a los cibercafé a poseer un registro de los usuarios, y si existe algún caso de grooming, la fiscalía podrá investigar".

"Hoy una persona que va a un cibercafé se ampara en el anonimato intercambiando fotos de pornografía infantil, pero nunca se puede saber quién estuvo detrás de ese computador, eso lo vamos a sancionar ahora", afirmó el senador.

De igual manera, el parlamentario (autor del proyecto) indicó que la moción fue despachada a la sala del Senado y podría quedar lista para su aprobación en tercer trámite por la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa legal propone modificar el Código Penal en su artículo 366, relativo al abuso sexual impropio, incorporando figuras propias del "grooming" que hoy no estaban tipificadas, y el artículo 366 quinquies, que sanciona la producción de material pornográfico con menores de 18 años, sancionando la pornografía infantil virtual o simulada mediante la utilización de imágenes o la voz de menores de edad.

Además se modifica el Código Procesal Penal para introducir herramientas que faciliten la persecución de estos delitos, creando un registro de usuarios obligatorio que deberán llevar los Cibercafé y estableciendo la ampliación del plazo de 6 meses a 1 año durante el cual los proveedores de servicios telefónicos y de comunicaciones deberán mantener un registro de los números IP de las conexiones que realicen sus abonados.

Conforme a datos entregados por el Ministerio Público, el año 2009 se registraron más de 18.000 denuncias por delitos sexuales y más del 60% de ellas corresponde a delitos contra menores de edad.