"Ordenar". Esa fue la consigna de un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, quienes, liderados por el centro de alumnos (Cain), fueron este sábado al establecimiento para colaborar con la limpieza y recuperación del colegio, tras los destrozos detectados en la última toma, luego del desalojo de Carabineros ocurrido el viernes reciente.

"Está toda la comisión de seguridad trabajando, tratando de limpiar lo más posible. Es una iniciativa voluntaria, los auxiliares de aseo no son los responsables de limpiar nuestro desorden", señaló Giordan Frías, vicepresidente del Cain.

Sobre una eventual falta de control por parte de la comisión de seguridad interna, durante la toma, el dirigente hizo hincapié en que "no hubo destrozos grandes, ocurrieron los mismos destrozos que en un día de clases. A lo que sí podemos hacer referencia es a los rayados y a un amago de incendio, por lo que consideramos que la seguridad funcionó bastante bien", precisó, agregando que una nueva toma ya está votada y que solo faltaría la ratificación del alumnado para concretarla.

Esa postura parece mantenerse firme, pese a que habrían 15 alumnos ya identificados y bajo riesgo de expulsión de comprobarse su responsabilidad, incluyendo eventuales querellas en su contra por parte del municipio, según informó Juan Antonio Abarca, subdirector de Educación Municipal, a TVN.

Los costos de los daños aún están en evaluación del municipio, pero incluyen el salón de matemáticas, sillas, mesas, pizarrones, espejos y ventanas rotas. También la destrucción de guías y materiales de trabajo de los profesores, e incluso excremento en los pisos.

"Si bien los que intentaron tomarse el colegio eran 200 a 300 alumnos, no son más de 15 los que han estado participando en el proceso de toma en las últimas tres oportunidades", indicó Abarca.

Según Fernando Soto, rector del Instituto Nacional, la comunidad institutana elaboró un manual de convivencia, consensuado entre todos los estamentos, que se aplicará contemplando el debido proceso, para determinar niveles de responsabilidad.

"Aquellos que tengan responsabilidad en la destrucción de enseres o en la interrupción académica, naturalmente que tienen que responder", precisó Soto. En cuanto a las querellas anunciadas por el alcalde, dijo que "si se comprueba que algún alumno destruyó material financiado con recursos públicos, tendrán que responder sus padres o apoderados".