No sólo atacar el uso de armas y neutralizar a las bandas de narcotraficantes es parte del plan de intervención de La Legua Emergencia que lleva adelante el gobierno.
Otro de los focos es la "regeneración urbana" de la zona, que considera abrir los pasajes, construir centros vecinales o detectar las viviendas abandonadas que en su mayoría serían ocupadas por los grupos delictuales para esconder drogas y armamento.
Al respecto, el encargado de la Unidad de Planes Integrales para Barrios de Alta Complejidad de la Intendencia Metropolitana, Hernán Ortega, anunció que se realizó un catastro de estos inmuebles para ver la condición en que se encuentran. Indicó que en los casos en que estén en mal estado o con peligro de derrumbe, podrían ser demolidos si lo determina un informe técnico.
"La primera etapa tiene que ver con asegurar mejor la conectividad y el proceso de apertura de pasajes que se va a iniciar dentro de los próximos días, de manera tranquila, tomando todas las medidas de resguardo para los vecinos y demostrar que este es un proceso responsable", señaló.
Fuentes de Interior señalaron, además, que se evalúa si es necesaria la expropiación en el caso de que una vivienda no tenga dueño y esté ocupada por estos grupos. En el caso de que sí se determine que es de propiedad de alguien, se buscará la forma para devolvérsela. Pero todo eso aún no está decidido. "Son alrededor de 100 viviendas abandonadas que han sido detectadas en La Legua Emergencia, casi el 10% de la totalidad de los inmuebles. Estamos identificándolas e incorporándolas al plan", dijo.
Ortega explicó que "los espacios que no son habitados generalmente son usados por estas bandas delictuales. Una de las preocupaciones que tenemos es cómo solucionamos este problema. Tendrán que encontrar un destino o alguna solución". Pero antes se deberán abrir los pasajes de la población, lo que podría ocurrir este jueves si es que no hay algún inconveniente técnico que retrase los trabajos.
Lo anterior, pese a que este martes el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría (ind.) se reunió con el intendente Claudio Orrego, para solicitarle precisamente lo contrario. "Todas las organizaciones, sus líderes y el municipio, estamos de acuerdo con la apertura, pero lo primero que tenemos que hacer es solidarizar con esas 22 familias que colindan con el sector, porque de derribarse los muros, van a verse expuestas", comentó.
Tras reunirse con el alcalde, Orrego expresó que "la gradualidad la acogemos. Vamos a generar una mesa con el municipio en la cual veremos todos los elementos que tienen que ver con las casas y los subsidios de arriendo. El compromiso es que, de partir con algún pasaje en los próximos días, va a ser uno que no dé directamente a las casas".
En tanto, el fiscal metropolitano Sur, Raúl Guzmán, encargó una serie de diligencias tras la denuncia por tráfico de armas y municiones que realizó Orrego y que están en manos de los fiscales Cristián Galdames y Pablo Salinas, especialistas en antinarcóticos y crimen organizado. Ellos deberán establecer de dónde provienen los pertrechos que han impedido recuperar los espacios públicos de La Legua para la ciudadanía.
Y es que según la información que maneja el gobierno, a través de la mesa de armas que integran el Ministerio del Interior, la Fiscalía Sur, Carabineros y la PDI, actualmente en la población existen 197 armas inscritas. Este número, eso sí, está sujeto a análisis por parte de las policías y la Dirección Nacional de Movilización Nacional (DGMN). Por estos días esas instituciones realizan un cruce de información con el Registro Civil y Poder Judicial, para chequear cuántas de esas 197 armas pertenecen a personas condenadas, fallecidas y funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que viven en San Joaquín.
