La policía federal de Argentina detuvo hoy a una persona acusada de proferir amenazas a la Presidenta argentina, Cristina Fernández, cuando se trasladaba en un helicóptero en diciembre pasado, según fuentes de esa institución.
El detenido es un radioaficionado de 60 años que reside en la periferia de Buenos Aires y a quien se le incautaron equipos de radio y antenas móviles, indicaron los portavoces.
Las fuentes señalaron que esta persona, identificada como Néstor González, fue puesta a disposición del juez federal de Buenos Aires Ariel Lijo, quien instruye las actuaciones del caso.
A comienzos de diciembre pasado, las comunicaciones del helicóptero que trasladaba a Fernández fueron interferidas por amenazas e insultos a la mandataria, episodio calificado de "muy grave" por el Gobierno.
La interferencia, dada a conocer por el canal C5N, de la televisión por cable, fue denunciada a la Justicia por la Fiscalía del Estado el 14 de diciembre pasado.
"Lo que pasó es muy grave", advirtió en ese momento el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en referencia a las palabras "Maten a la yegua", "mátenla" que escucharon los pilotos del helicóptero presidencial.
El incidente ocurrió cuando la mandataria se trasladaba desde su residencia oficial, a las afueras de Buenos Aires, hacia la Casa Rosada, sede del gobierno, en pleno centro de la capital argentina.
El Gobierno destacó que las amenazas fueron hechas el mismo día (11 de diciembre) en que comenzaba el juicio contra Alfredo Astiz y otros 18 ex marinos acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, donde funcionó la mayor cárcel clandestina de la dictadura argentina (19761983).
Varios países han expresado su solidaridad con Argentina y repudiado las amenazas contra Fernández, quien comentó que el ataque demuestra que aún "hay dinosaurios" en el país.
El juicio contra Astiz, apodado el "ángel de la muerte" y considerado símbolo de la represión, está en receso hasta el 14 de enero próximo, cuando continuará la declaración de testigos por crímenes en la ESMA, entre ellos el secuestro y desaparición de dos monjas francesas y de una ciudadana sueca.
A la primera jornada de este juicio habían asistido altos funcionarios del Gobierno de Fernández y dirigentes humanitarios que lo consideraron "histórico".
