La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff (64), no participó en una acción armada cuando formó parte de grupos clandestinos que combatían a la dictadura (1964-1985), según documentos desclasificados y  publicados por el diario Correio Braziliense esta jornada.

La mandataria, estuvo presa y fue torturada por los militares a  inicios de los años 70 por su vinculación con grupos guerrilleros, aunque su  grado de participación ha sido motivo de controversia.

Sin embargo, archivos de seguridad de 1969 que se hicieron públicos esta semana excluyen a Rousseff de la lista de los 16 miembros del entonces Comando  de Liberación Nacional (Colina) que participaron directamente en asaltos a mano armada.

El delito atribuido a Rousseff en la época fue vinculación a "organización  clandestina y revolucionaria de cuño marxista-leninista", donde era la  "encargada de coordinar acciones en las escuelas y realizar reuniones de  carácter subversivo en su apartamento", detallan los documentos publicados por  Correio Braziliense. 

Rousseff, conocida entre otros alias con el de Estela, era descrita como "agente de soporte intelectual de la organización", agregó el diario.

Cuando tenía 22 años, la ex guerrillera y hoy Presidenta de Brasil fue  sometida por la dictadura militar a sesiones de tortura que incluyeron descargas eléctricas y golpizas que le dislocaron la mandíbula, según un relato inédito de la mandataria divulgado esta semana.

Rousseff fue detenida y estuvo presa durante tres años en Río de Janeiro,  Sao Paulo y Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (sureste), donde inició su  militancia contra la dictadura a los 16 años.

En la campaña que la llevó a la presidencia en 2011, la mandataria negó  haber participado en acciones armadas pese a su militancia en organizaciones  rebeldes.

Este año, Rousseff instaló una Comisión de la Verdad para investigar las  denuncias de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, pero sin  levantar la amnistía a los represores vigente desde 1979.

Brasil reconoce oficialmente 400 muertos y desaparecidos durante el régimen  militar, contra 30.000 en Argentina y más de 3.200 en Chile, según organismos  de derechos humanos.