Había dos hitos del caso Penta que el ingeniero comercial Hugo Bravo iba a concretar en los próximos días: aceptar ante el tribunal la condena en su contra, en la audiencia de procedimiento abreviado programada para mañana, y reforzar ante un juez su testimonio contra los controladores del holding, para que la fiscalía lo usara en contra de Carlos Délano y Carlos Lavín en un eventual juicio oral.

Sin embargo, el deteriorado estado de salud que aquejaba al testigo clave del caso Penta, impidió que ambas diligencias se realizaran, y tras semanas internado, Bravo falleció hoy al mediodía en la Clínica Las Condes.

71 años tenía el ex gerente de Penta y ex hombre de confianza de los dueños del holding. Sus últimos dos años de vida estuvieron marcados por el desarrollo del caso que convirtió a Bravo en el delator de la UDI, luego que el 7 de agosto de 2014 detallara ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena lo que después sería catalogado por los persecutores como un "sistema para defraudar al Fisco". Este consistía en la emisión de documentos tributarios falsos por parte de políticos y sus entornos, a cambio de aportes fuera de la ley desde las empresas Penta para financiar campañas.

Con su testimonio, el ex gerente del holding quebró la relación que por años mantuvo con los empresarios controladores de Penta, a quienes conoció en los años 60 cuando todos formaban parte de la escuela de ingeniería comercial de la Universidad Católica.

Bravo padecía diabetes crónica, y en los últimos meses sus problemas de salud se habían intensificado con problemas cardíacos, renales, neuropatías diabéticas y artropatía de Charcot.

De hecho, para el pasado martes 21 de febrero estaba programa la audiencia para formalizar el acuerdo de procedimiento abreviado alcanzado entre su defensa, a cargo de Catherine Lathrop, y la fiscalía. Esta fue postergada por una severa recaída del ex gerente, la que culminó con su muerte.

Según fuentes judiciales, la audiencia deberá realizarse pese al deceso del ex gerente, y se procederá a sobreseer su responsabilidad penal en el caso, en el que había sido formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

"Su muerte priva de una condena que Bravo merecía por los delitos cometidos", dijo ayer el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. Y agregó: "Esta circunstancia en ningún caso pone en riesgo la investigación que ha llevado adelante el Ministerio Público, ya que poseemos múltiples pruebas que permiten acreditar los delitos de los restantes imputados. La muerte de Hugo Bravo no altera las proyecciones respecto del resto de los involucrados ni las decisiones de la fiscalía".

Según explican conocedores de la causa, un punto clave es la utilización del testimonio del ex gerente en un eventual juicio oral contra los controladores de Penta, declaración que debe ser reforzada ante un juez para ser considerada como prueba.

En ese sentido, las mismas fuentes detallan que las sucesivas declaraciones prestadas por Bravo a la fiscalía fueron todas realizadas delante de funcionarios de la PDI.

Para el caso de la declaración más sustanciosa -entregada por Bravo el 7 de agosto de 2014-, la diligencia fue presenciada por el detective Raúl Rojas, quien en un futuro juicio contra Délano y Lavín deberá atestiguar y certificar lo declarado por el ex gerente.

Dado el deterioro de salud de Bravo, la fiscalía esperaba realizar una prueba anticipada con el ex ejectivo. Sin embargo, un temor que poseían los fiscales en este caso era someter a Bravo al estrés emocional que le produciría enfrentarse al interrogatorio de la defensa de Délano y Lavín, a cargo del abogado Julián López -considerando que el testigo es sometido a interrogatorio tanto de la fiscalía como de los intervinientes en la causa-, y que dicho proceso arrojara una versión matizada respecto de la original.

En sus declaraciones, Bravo reveló nexos de políticos como Jovino Novoa, Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Felipe de Mussy, Laurence Golborne y Andrés Velasco, entre otros, con Penta.

"La factura 677 y 679 de Inversiones y Mandatos, de fechas 10 y 17 de junio de 2013, por $2,5 y $5 millones, corresponde a una factura que se dio para la candidatura de Ena von Baer. Al reverso anoté con mi letra que reconozco JN, que significa Jovino Novoa, por cuanto siempre Jovino Novoa conseguía facturas de esa empresa, incluso en las campañas anteriores en las que se colaboró (...). Esas facturas son para candidatos de la UDI, que recolectaba Jovino Novoa, no solamente para Ena von Baer", es un extracto de su testimonio que guió en 2014 las investigaciones del fiscal Gajardo.