Diez días de persecución

A minutos de las 2:30 am, el Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros es el primero en entrar a la casa de la calle Poeta Juan Ruiz Peña, en La Pintana. Ya es 18 de septiembre. Las fiestas patrias han comenzado algunas horas antes, con el primer pie de cueca de la presidenta Michelle Bachelet, que abrió oficialmente la temporada de fondas. Todos notaron la ausencia de dos autoridades: el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y su subsecretario, Mahmud Aleuy, quienes se quedaron en La Moneda. Su atención estaba en los seis operativos policiales que se desarrollarían durante la madrugada en distintos puntos de Santiago.

En cambio, nadie notó la presencia de otro actor clave en la fonda del Parque O'Higgins, el general Bruno Villalobos, director de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal. El optó por trasladarse a La Pintana, a la hora indicada, para dar inicio a la operación.

La madera de la puerta de entrada cede ante un ariete y los carabineros del GOPE se encuentran con un sofá desgastado y una mesa. A su lado están Juan Flores Riquelme (22) y Guillermo Durán Méndez (25). El primero es el principal sospechoso de haber plantado las bombas que detonaron en un vagón del metro que llegaba a la estación Los Dominicos (13 de julio) y en la galería Subcentro (8 de septiembre). Flores grita para alertar a su pareja, Nataly Casanova Muñoz (25), que está en el segundo piso. En segundos, el personal del GOPE tiene a Flores y Durán esposados y en el piso. "¡Area asegurada!", van gritando los carabineros al adueñarse de las distintas piezas de la casa. Con el primer piso bajo control, el general Villalobos entra a la vivienda.

Arriba, Casanova intenta fugarse por los techos vecinos. No lleva a su hija, que vive con ella. Justo unas horas antes la ha dejado en casa de su mamá, a unas cuadras de allí. El escape no tiene éxito y Casanova cae a la calle, donde la espera un segundo anillo policial. Recién entonces ingresan el equipo de Labocar y el fiscal Cristián Orellana. El titular, Christian Toledo, ha sido enviado a un allanamiento menor. Cerca de las 3 am, comienza la cadena de comunicaciones. El general director de Carabineros, Gustavo González Jure informa a Aleuy y Peñailillo, y este último le cuenta la noticia a la Presidenta. La tarea no está completa aún: los dos sospechosos que faltan siguen libres.

CUENTA REGRESIVA

Las imágenes de una cámara de Subcentro muestran a un hombre con gorro y bufanda sentado en una banca, entre dos basureros, a las 13:35 horas del 8 de septiembre de 2014. Está observando el entorno. Tras cinco minutos, se levanta y sale del cuadro. De acuerdo a Carabineros, esta escena demuestra que el sospechoso tenía conciencia de la cantidad de gente que circulaba por la galería y del daño que eventualmente se podía infligir.

Otra grabación lo captura justo después, en el momento en que coloca un extintor relleno con pólvora negra en un basurero del ala norte y que estallaría 20 minutos más tarde, a las 14:05 horas. Su salida del lugar también queda registrada. A partir de ese momento, Carabineros se dedicó a buscar su figura en las grabaciones de cada cámara de seguridad del transporte público capitalino. El uso de una micro del Transantiago en su retirada también terminó jugando en su contra.

Toda esta información fue recopilada por las pericias que el Laboratorio de Carabineros (Labocar) realizó durante ocho horas en Subcentro.

A la mañana siguiente, la red del Metro santiaguino estaba copada por carabineros. En ese ambiente se realizó un Consejo Operativo de Seguridad extraordinario en La Moneda, donde Peñailillo sugirió cambios inmediatos en la estructura de inteligencia de Carabineros. Su idea fue oída por el General Director. Este decidió crear el nuevo cargo de director de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, nombrando al general Bruno Villalobos, un hombre de confianza de Peñailillo, pues ambos se conocen desde 2000 y estrecharon lazos laborales cuando Villalobos se hizo cargo de la seguridad de Bachelet en su primer mandato.

El objetivo era lograr mayor fluidez en el traspaso de información de las distintas unidades, pues se solía quedar estancada en sus compartimentos.

Más allá de estos ajustes, el jefe de gabinete optó por no presionar ni al Ministerio Público ni a las policías por resultados inmediatos. El gobierno prefería tener un caso consolidado, con pruebas contundentes para evitar un fracaso como el del Caso Bombas. Para ello, la investigación se focalizaría en abarcar un número limitado de sospechosos e ir lentamente descartándolos para ir achicando el cerco sobre un grupo pequeño.

Esa tarea ya estaba adelantada. En rigor, las indagaciones habían comenzado casi dos meses antes, el 13 de julio, con la explosión de un artefacto similar en Los Dominicos. El parecido de los mecanismos de ignición de ambas bombas le permitió inferir a Carabineros que había una "mano común". También llevó a sus efectivos a cotejar muestras de ADN y huellas dactilares obtenidas en ambos sitios.

Por antecedentes previos, dentro del listado inicial se habían incluido nombres que ya habían figurado en el Caso Bombas, pero que no llegaron a ser formalizados. Sin embargo, las pesquisas también llevaron a sumar algunos nuevos sospechosos. Fue esta línea investigativa la que arrojó mayores avances. En este trabajo inicial se utilizaron informantes y escuchas telefónicas.

Pero la mejor evidencia vino de las cámaras de seguridad del Metro, que mostraron a un sujeto muy parecido al sospechoso de Subcentro en los momentos previos al estallido de Los Dominicos. La comparación biométrica concluyó que se trataba de la misma persona. El siguiente paso fue chequear el registro de las tarjetas Bip! utilizadas en ambos lugares, en los minutos previos y posteriores a los bombazos, lo que permitió seguir acotando la búsqueda. Aquellos datos, cruzados con las imágenes del mismo individuo en recorridos coincidentes del Transantiago permitieron señalarlo como principal sospechoso.

Apenas 72 horas después del atentado explosivo en Subcentro, el calendario apuntó el jueves 11 de septiembre. Se auguraba una jornada más violenta de lo habitual, pero Peñailillo se veía sereno. Para ese día, ya tenía antecedentes de que la investigación se acercaba a los supuestos responsables. Tras los avances en el caso Los Dominicos, el ministro del Interior transmitíó a sus cercanos su intención de pedir un fiscal exclusivo para el caso. "La investigación va como avión", se le oyó decir. El saldo del 11 no era tan terrible.

BAJO VIGILANCIA

La investigación apuntó hacia la casa de calle Poeta Juan Ruiz Peña, de La Pintana, el viernes 12 de septiembre. Ese día se instaló un equipo de inteligencia de carabineros que comenzó a registrar cada uno de los movimientos de los habitantes de la casa. La dueña de casa, Nataly Casanova, estaba entre las personas indagadas por aparecer en las grabaciones cercanas al bombazo de Los Dominicos y por una supuesta visita a la cárcel de Alta Seguridad para visitar a los ex lautaristas condenados por la muerte del cabo Luis Moyano en el Banco Security, en el año 2007: Freddy Fuentevilla, Marcelo Villarroel y Juan Aliste Vega. La sentencia condenatoria era coincidente con la bomba de Subcentro.

Las autoridades habían llegado hasta allí siguiendo la pista de su principal sospechoso, el hombre cuya Bip! y las cámaras de seguridad acusaban su presencia en los sitios de los bombazos. Al igual que a Casanova (su pareja), se le había visto en vídeos de marchas en apoyo a los ex lautaristas. Sólo faltaba verificar su identidad. Esa meta se consiguió el domingo, cuando se realizó un control de identidad a un familiar del investigado, después de una cita con él. Además de conocer el apellido de la persona, se obtuvo una muestra biológica inconsciente para comparar el ADN con el obtenido en la bomba de Los Dominicos. Las semejanzas permitieron inferir, "con un 99% de certeza", según fuentes policiales, que Juan Flores era el sospechoso que estaban buscando. Sólo restaba pedir la orden de detención y encontrar el momento oportuno.

Los días siguientes sirvieron para reconstruir la rutina de los sospechosos. Flores estuvo en la casa de su mamá en calle Cerro Marmolejo, de la Villa Amazonas de San Bernardo. La presencia de Carabineros no habría sido detectada.

Durante la tarde del miércoles 17 de septiembre, la vigilancia de la casa dio cuenta de que, además de Casanova y Flores, había un tercer sospechoso en la vivienda: Guillermo Durán, a quien se investiga por su posible participación en la bomba colocada el 11 de agosto afuera de la 39ª comisaría de El Bosque. Con el permiso del 17º Juzgado de Garantía, sólo se esperaba la orden del fiscal regional de la zona sur, Raúl Guzmán. En la inauguración de las ramadas, se escuchaban rumores de prensa respecto de la operación en ciernes, lo que aceleró la decisión de entrar a la casa, sin esperar a los otros dos supuestos integrantes del grupo. Poco antes de ingresar, se vio a Flores tomando alcohol en la plaza.

Dentro de la casa de lo que la fiscalía llamó "célula" anarquista, se encontraron bolsas con pólvora enterradas y un frasco de nitrato. Las autoridades ahora confían en imponer cargos por terrorismo y que, esta vez, los jueces no desecharán las pruebas como lo hicieron para el Caso Bombas.

Marta Hernández, la víctima más afectada por el bombazo de Subcentro, es una de las razones de esa confianza. La gravedad de lo ocurrido en Subcentro, con 14 heridos, les permite pensar que presentando un buen caso habrá condenas. A Marta esto no le preocupa demasiado. El día de los allanamientos esperaba un alta médica que no llegó y que tendrá que esperar algunas horas más.

-No estoy más tranquila, porque no sé si estas personas son los culpables. Sólo quiero irme a mi casa -dice.