Diez preguntas para entender una catástrofe

Hay coincidencia entre los investigadores y académicos consultados en que los incendios se quedarán e incluso podrían aumentar debido a los efectos de cambio climático, el alza de las temperaturas y déficit de precipitaciones en la zona centro-sur, sumado a la megasequía que hay desde Coquimbo hasta La Araucanía desde hace seis años.

Según Eduardo Bustos, investigador del Centro de Cambio Global UC, se espera que paulatinamente el planeta presente temperaturas más cálidas, así como una reducción de las precipitaciones. Es cosa de mirar lo que está pasando en Santiago: desde octubre del año pasado hasta la fecha, la estación de Quinta Normal marcó una ola de calor –tres días consecutivos– con temperaturas máximas diarias sobre 35°. "Desde 1950 hasta ahora nunca habíamos tenido una secuencia de tres días seguidos con temperaturas máximas sobre los 35° en Santiago. Eso ya te está diciendo algo".

De acuerdo a un estudio de la U. Austral y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la U. de Chile, el número de días al año con incendios forestales de gran envergadura (más de 200 hectáreas) pasó de 125 entre 1985-2007, a 190 entre 2008-2014. Y la cifra va en aumento en los últimos tres años. Las temporadas de incendio 2013-14 y 2014-15 alcanzaron aproximadamente 106 mil y 129 mil hectáreas quemadas, respectivamente, y en la actual temporada, hasta ahora van más de 150 mil.

Antonio Lara, profesor UACh e investigador del CR2, explica que otra de las causas de los incendios es el progresivo aumento de las hectáreas donde hay plantaciones inflamables (pino y eucaliptus). Según sus datos, las superficies de este tipo quemadas anualmente en las regiones de Valparaíso a Los Lagos aumentó desde un promedio de 8.300 hectáreas anuales en la década 1986-1995 a 19.800 hectáreas al año entre 2006 y 2015, es decir un 140 por ciento. En el mismo período y área geográfica, la superficie quemada de bosque nativo ha disminuido en un 10 por ciento, desde 11.300 a 10.200 hectáreas anuales. Por eso, agrega Lara, generar un paisaje diverso que incluya especies nativas es una estrategia importante para prevenir los incendios.

Tal como lo explica su director ejecutivo, Aarón Cavieres, la responsabilidad de apagar un incendio forestal es de Conaf, que debe hacerse cargo de los incendios rurales que afectan vegetación. Bomberos, por su parte, opera en los denominados estructurales que se producen en casas, edificios, locales comerciales. Pero en estos casos de emergencia rural tan graves como los que hemos visto estos días, se suman más organismos, los Bomberos, Carabineros, la Onemi, entre otros. La coordinación sigue, eso sí, en manos de Conaf, incluso por sobre la Onemi, desde donde explican que ellos gestionan los requerimientos complementarios que les hacen, como apoyos aéreos, maquinaria pesada, entre otros.

Las empresas que son parte de la Corporación Chilena de la Madera -que agrupa a las forestales- tienen también sus propios brigadistas y equipamiento para defender sus predios del fuego y cuentan que en la práctica existe un acuerdo con Conaf sobre que "el primero que llega, apaga". Esto, aunque el incendio sea fuera de sus límites. "Lo que se trata es de liquidar las llamas para eliminar la amenaza", dice Emilio Uribe, gerente de Corma Bíobío, quien agrega que casi un 65 por ciento de los incendios que apagan son fuera de sus terrenos. "La única oportunidad de ganarle a un incendio rural son las primeras horas, después ya conocemos el resultado. Un combate efectivo es el inmediato, independientemente de quien sea el dueño", responde Augusto Robert, gerente de asuntos públicos de CMPC Celulosa, que agrega que sólo su empresa se hace cargo de entre 10 a 15 incendios a diario para que no se conviertan en megaincendios.

Desde el mundo político hasta las redes sociales se han escuchado críticas a Conaf por su actuación en la emergencia actual. Incluso algunos diputados solicitaron una comisión investigadora en medio de la catástrofe. ¿Está haciendo la pega la Conaf? "Sí", responde Aarón Cavieres, su director ejecutivo, y agrega que esa corporación tiene una experiencia reconocida en el combate de los incendios forestales en la región. Para esta emergencia, Conaf cuenta con 1.700 brigadistas que se distribuyen en 142 brigadas, además de personal que trabaja coordinando y generando los modelos de simulación que indican a qué lugar poblado va a llegar el fuego y en qué tiempo, y en base a eso se alerta a bomberos. ¿Es suficiente? Las empresas forestales tienen 2.500 brigadistas en este momento trabajando en los distintos focos de incendio, pero evitan criticar a Conaf: "No es correcto, no es saludable, ni es justo", dice Emilio Uribe, gerente de Corma Bíobío. Asegura que el problema no es Conaf, sino que se debe desarrollar un sistema de protección integrado. "No es momento de echarle la culpa a nadie. Esto es una hecatombe que no habíamos visto antes", agrega. Por su parte, Augusto Robert, gerente de asuntos públicos de CMPC Celulosa, dice que "la prevención de incendios rurales debe ser nuestra prioridad como país. Todos debemos asumir ese rol y protagonismo". ¿Qué debería mejorar? Para Cavieres, se requiere fortalecer la prevención y asegura que se han duplicado los recursos en ese ámbito con miras a lograr un cambio cultural en el país, "porque lo que tenemos aquí es una negligencia y una liviandad en el uso del fuego que no se condice con las condiciones que estamos viviendo y con las pérdidas que se han generado".

En sus más de 165 años en Chile, este cuerpo siempre ha sido de voluntarios. Miguel Reyes, su presidente nacional, explica que prefieren esta condición, que no quieren recibir un sueldo, y agrega que según la ley marco de la institución de 2012, reciben un financiamiento público anual asignado por la Ley de Presupuesto. Acostumbrado a que de tanto en tanto surja el tema, Reyes explica que de todas formas son profesionales porque se capacitan bajo las estrictas normas de la NFPA, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de Estados Unidos.

Pero no todos piensan así. Susana Fuentez, promotora de la campaña mundial "Ciudades resilientes" de la oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) cree que sí se deberían profesionalizar en busca de más recursos, personal y mejores condiciones, y para poder lograr cosas tan relevantes como poder abandonar sus trabajos ante una emergencia, algo que hoy depende de la voluntad de su empleador. "Es muy lindo todo este altruismo, pero si miramos los países desarrollados, se están alejando de ese modelo", agrega Fuentez.

¿Qué camino debería tomar la institución? Ella propone el modelo europeo, donde hay cuatro tipos de bomberos, la mayoría remunerados con contrato. Reyes, por su parte, explica que a la mayoría de los 48 mil voluntarios que hay en el país esta idea no les gusta mucho. "Nos quitaría autonomía y daría derecho a que se formen sindicatos y empiecen las reivindicaciones económicas y huelgas de bomberos", argumenta. Mientras que Michel De L' Herbe, consultor en gestión de emergencias acreditado como bombero profesional en Estados Unidos, recomienda el modelo de ese país, un término medio entre la estructura chilena y la europea: el 20 por ciento de los bomberos son pagados y tienen más apoyo. "El Estado se hace cargo de una actividad que es componente de la seguridad pública, por lo tanto seas pagado o voluntario es un sistema regulado", concluye.

La inquietud por la posibilidad de que haya focos de fuego provocados deliberadamente se ha masificado en las redes sociales, cadenas de WhatsApp e incluso alcaldes de sitios afectados -Vichuquén, Constitución y Santa Cruz, entre otros– lo han dicho públicamente.

Pablo Faúndez, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Cauquenes, cuenta que la aparición en los últimos días en la comuna de focos de incendios en sectores alejados entre sí ha sembrado la duda en la comunidad. "Es una situación 'no normal'", dice cautelosamente. Bomberos voluntarios de la comuna de San Javier, que prefieren no dar sus nombres, comentan que lo común es que se formen focos simultáneos en distancias de hasta tres kilómetros producto de las pavesas (material incandescente trasladado por el viento), pero que cuando hay focos a 10 o 20 kilómetros de distancia se sospecha que tienen origen distinto.

"Hay algunos indicios que demostrarían que los incendios son intencionales, investigaciones de la policía están indicando ese carácter", reconoce Miguel Reyes, presidente nacional de Bomberos. Mientras tanto, la Fiscalía de la Sexta Región ha confirmado que hay detenidos por causar focos de incendio en la zona. Mientras que Aarón Cavieres, director ejecutivo de Conaf, aseguró que han encontrado evidencia de intencionalidad, agregando que están trabajando en eso con la Fiscalía. "Vamos a poner todos los esfuerzos en identificar a los culpables, in fraganti en lo posible, y buscar su sanción lo más pronto posible". En la legislación chilena, las penas por ocasionar incendios forestales van entre los cinco y 20 años de cárcel, e implican multas que pueden llegar a los nueve millones de pesos.

Se puede, pero no es sencillo. El encargado de investigarlos es el OS5 de Carabineros y el mayor Felipe Madariaza de ese departamento admite que es muy complejo porque los límites del sitio donde ocurren no están claramente delimitados y las evidencias pueden verse fácilmente contaminadas por la lluvia o el viento. En caso de que el OS5 encuentre evidencia en los incendios, ésta es analizada por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, Labocar. Por último, el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales, OS9, y la SIP, sección de Investigación Policial, se ocupan de las declaraciones.

Uno de los sectores afectados es el vitivinícola. Según el último reporte de Wines of Chile, cerca de 45 hectáreas de viñas, de las 141 mil que existen a nivel nacional, se han quemado. Entre las viñas afectadas por el fuego está el caso de José Luis Gómez, dueño de la Viña González Bastías, ubicada en San Javier, VII Región, quien perdió cuatro hectáreas de una viña patrimonial de más 200 años. Él asegura que los precios de sus vinos no subirán porque ya había cosechado y guardado en bodegas, e incluso aún le falta por trabajar en las zonas no afectadas. Es decir, tiene producción para vender.

"El precio del vino no tendrá un mayor impacto en su valor porque el número de viñas afectadas no es tan relevante en comparación con el total de viñas en Chile", comenta Raúl Navarrete, presidente nacional de la Coordinadora de Comercio Justo. Opinión que comparte Alejandra Marinovic, economista y académica de la Escuela de Negocios de la UAI. "Quizás se vea un aumento en la uva País porque es la de consumo y de cosecha más rápido. Más del 60 por ciento de los cultivos de la Región del Maule son de esa cepa, pero ese aumento se diluirá con el tiempo. El tamaño del impacto dependerá de cómo evolucione esta catástrofe", dice Marinovic, quien además enfatiza que los trabajadores de las viñas y del sector agrícola pueden verse afectados porque va a haber menos empleo en los lugares que se quemaron.

El análisis es unánime: este será un año con importantes pérdidas para el rubro, entendiendo que estamos en temporada alta que es donde se concentran la mayoría de las ganancias del área, las que no sólo llegan a los grandes operadores, sino también al comercio minorista de estas zonas. "Más, considerando que Chile destaca en el mundo por sus atractivos naturales", dice Lorena Arriagada, secretaria general de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet). Sin embargo, aún es muy prematuro para sacar cuentas. "Es un diagnóstico que tendremos una vez terminada la emergencia", dice Javiera Montes, subsecretaria de Turismo.

Aunque no se han reportado hoteles incendiados, sí ha habido algunas viñas que reciben a público con hectáreas quemadas, como es el caso de la Viña González Bastías, que participa del Ramal Talca-Constitución y que tendrán, al menos por algunos meses, cerradas sus instalaciones a los visitantes. El impacto se ve, mayormente, en zonas cubiertas por el humo y las cenizas, los caminos cortados, y el cierre temporal de todos los parques nacionales desde la región de Coquimbo a Los Ríos, lo que provocó cierta polémica entre algunos tour operadores –sobre todo de zonas menos afectadas como la región de Valparaíso (con el Parque Nacional La Campana) y el Cajón del Maipo (con Río Clarillo y El Morado)– y Conaf. "Entiendo perfectamente lo que significa no poder ir de camping estos días de verano, pero tenemos que proteger nuestro patrimonio y a los visitantes", dice Aarón Cavieres, director ejecutivo de Conaf.

En Vichuquén, uno de los lugares donde se ha centrado la emergencia, hay hoteles completamente desocupados, como el Marina Vichuquén. "Hemos tenido que decirles a nuestros huéspedes que estamos en zona de catástrofe y que a pesar de tener a kilómetros el fuego nos vemos invadidos por el humo. En los últimos días hemos tenido que anular todas las reservas", relata Verónica Calderón, jefa de reservas del hotel. Para Pablo del Río, dueño del Hotel Los Caulles de Putú (entre Iloca y Constitución), aunque el fuego se controle pronto el impacto será muy negativo. "A pesar de contar con servicios restablecidos y funcionando, el estigma de los incendios nos va a afectar al menos el resto de la temporada".

"Acá todos los tours están funcionando en sus horarios y venir es la mejor forma de ayudar a la zona, es super importante recalcar eso", dice Maite Rodríguez, gerente de la Asociación de Viñas del Valle de Colchagua donde, al cierre de esta edición, el humo se había disipado y funcionaba con normalidad.

Reforestar -entendiéndolo como plantar hileras de arbolitos uno al lado de otro como se hace con las plantaciones forestales-, no es lo que está en mente de autoridades y expertos que esperan recuperar el bosque nativo afectado. Lo correcto es hablar de "restauración ecológica", es decir, "una actividad humana que ayuda a re-iniciar artificialmente procesos que conduzcan a que los ecosistemas perturbados recuperen su condición históricamente conocida", dice Osvaldo Vidal, profesor de la U. de Magallanes, quien trabaja en la restauración de Torres el Paine.

Hay dos formas de hacerlo. Una activa, generalmente en las zonas más dañadas, donde se plantan especies nativas que habitaban previamente el lugar, y una pasiva, donde se apunta a una recuperación natural del bosque, dado que las condiciones en que quedó permiten esperar una "resiliencia" del ecosistema. Según el profesor de la Universidad de Montana, Dave McWethy, quien ha estado en Chile estudiando el tema, la mejor forma de enfrentar esta crítica situación es protegiendo los bosques nativos que aún están intactos y creando una barrera protectora para que los sitios afectados puedan regenerarse sin ayuda, evitando que el fuego vuelva a atacarlos, y que especies invasoras y/o animales puedan ingresar.

La restauración activa, opinan los expertos, es costosa y toma tiempo. Décadas. Incluso siglos. "Restaurar bosques quemados es sumamente difícil y los resultados hasta ahora, no son buenos. La experiencia existente con especies nativas muestra bajísimos niveles de sobrevivencia y costos elevados debido a que generalmente se necesita riego (sobre todo en época estival), y protección contra ramoneo (corte de ramas) y cobertura artificial (mallas)", dice Jan Banister, doctor en silvicultura y miembro del Instituto Forestal (Infor).

En el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) explican que aún es muy pronto para proyectar costos, pero que considerando las restauraciones en el Parque Torres del Paine y la Reserva China Muerta, los valores podrían fluctuar entre 160 mil pesos y casi dos millones por hectárea, un proceso que podría durar fácilmente 20, 50 y más años. Alejandra Figueroa, jefa de la división de Biodiversidad y Áreas Protegidas del MMA, dice que la clave es una planificación que considere la adaptabilidad frente a futuras amenazas naturales. "Hay que prepararnos para la mitigación de impactos asociados al cambio climático, con más sequías y menos precipitaciones, sobre todo considerando que el bosque nativo es más resiliente y está mejor preparado para resistir los incendios".

Según Aarón Cavieres, director ejecutivo de Conaf, existe un fondo enfocado en el cambio climático que apunta precisamente a estas labores: "Tenemos una unidad de restauración trabajando activamente y ya hay un proyecto en marcha con 790 mil dólares exclusivamente para este fin, como ya se ha hecho en Torres del Paine, Isla de Pascua y China Muerta".

Las medidas de prevención para el resto del verano -y las estaciones cálidas venideras- son clave y, teniendo en cuenta que la mayoría de los incendios son provocados por humanos (por negligencia en la mayoría de los casos), hay algo que está fallando. Para Osvaldo Vidal, investigador de la U. de Magallanes, la cosa pasa por un asunto de crianza. "Somos 'reactivos', no 'proactivos' por idiosincrasia. Supongo que hará falta un recambio generacional, con tomadores de decisiones más preparados académicamente y un país con necesidades básicas cubiertas".

Uno de los casos a seguir es California, donde los incendios forestales se han incrementado drásticamente en los últimos años debido a la sequía. Su política de prevención se basa en no pensar en que estos pueden ocurrir, sino en que ocurrirán. "Estamos en una era donde esto es el 'nuevo normal', lo que hace aún más crítica la situación de comprometer al público de ser parte de la solución y ayudar a evitar que los incendios comiencen", cuenta Janet Upton, subdirectora de comunicaciones del Departamento de Forestación y Prevención de Incendios de California.

El director de la Conaf, Aarón Cavieres, ha revisado ejemplos extranjeros como este y la institución ha establecido la Unidad de Análisis de Diagnóstico de Causas de Incendio, "de tal forma de saber con precisión y profundidad qué hay detrás de cada siniestro", cuenta. Sin embargo, tiene claro que bajo el actual escenario se requiere un cambio y afirma que se está "reformulando la estructura total. Nuestro programa tiene un fuerte componente de control, pero tenemos un aspecto de prevención que estamos fortaleciendo". La idea de esto es mantener un flujo continuo de información que sirva para identificar posibles causas de incendios según el sector en el que ocurran y así saber dónde concentrar los esfuerzos.

Michel De L'Herbe dice que hay que anticiparse más, "aumentar los aviones con capacidad de 3.100 litros, que ha sido la opción de los últimos dos directores de Conaf", pero que la institución debería tener unidades complementarias "que vayan entre los cuatro y seis mil litros, como aeronaves o helicópteros. Eso también implica incrementar las brigadas terrestres y disponer de maquinaria pesada para enfocarnos en estos pequeños incendios que generan grandes magnitudes".

Desde el aspecto legal, Susana Fuentez, promotora de la ONU, asegura que la prevención debe venir de la mano con leyes. "Hay que tener una base legal para poder actuar, eso es lo principal. Se puede generar una cultura en los colegios en temas de evacuación y prevención de incendios. No puede haber ley sin educación, y viceversa".