Aunque Hacienda anunció en julio que tenía listo para su envío el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre -que deja el 10% de los ingresos de Codelco para las Fuerzas Armadas- en Defensa trabajan afanosamente para sacar adelante la iniciativa, porque hay serios escollos en un tema clave: el contar con presupuestos de cuatro años para las fuerzas castrenses. Las diferencias las reconoció esta semana el titular de Defensa, Francisco Vidal. "Ha habido históricamente apreciaciones distintas (con Hacienda) sobre este proyecto", dijo.

Y es que si bien hay consenso en el concepto de presupuestos plurianuales, no lo hay en cómo plasmarlo en el texto, señala un profesional de Defensa que conoce del tema. Esto no es baladí, "porque puede cambiar completamente el proyecto de ley". La idea es que este ministerio planifique las necesidades estratégicas de compras de armamento con un horizonte de 12 años, pero que el presupuesto se diseñe para cuatro, que es la duración del período presidencial.

Dependiendo de cómo se redacte esta propuesta, puede significar reformar la Constitución, cambiar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas o el texto de la ley de presupuestos, señala Axel Buchheister, director de estudios jurídicos de Libertad y Desarrollo.

En cada caso el quórum es distinto. Un cambio en la Carta Magna implica dos tercios del Congreso; la ley de las FFAA cuatro séptimos y en el caso de la norma de presupuestos, tres quintos del Parlamento, esto es, un 60% de los congresistas. El cambio a la Ley Reservada en sí no es complicado, señalan en el Ejecutivo, ya que sólo requiere quórum simple.

Este dilema se tiene que solucionar pronto. La idea es que el proyecto de ley que deroga la polémica norma se envíe en agosto al Congreso. La Presidenta Bachelet tiene un gran interés en esta iniciativa, por varias razones. Por un lado, señalan en La Moneda, tranquilizaría a los vecinos, porque se trasparentaría el gasto efectivo en armamento. "Se gasta mucho menos que el 10% de las ventas de Codelco, más bien se destina como un 5%", acotan en Defensa. Así, si el año pasado la minera estatal transfirió US$ 1.760 millones -a los que se suman US$ 184 millones de gasto corriente, a cargo del presupuesto de la nación- de manera efectiva se gastó en equipamiento militar menos de la mitad, porque Hacienda y Defensa pusieron un "techo" a este gasto. "Se estima que al año en Chile se gasta entre US$ 500 millones y US$ 600 millones en armamento", explica Buchheister. Desde el 2005, cuando empezó el boom del cobre, Codelco ha transferido por este concepto más de US$ 5.300 millones a las FFAA.

Otra razón para apurar este proyecto es que complementa la reforma al Ministerio de Defensa, hoy en los últimos trámites en el Congreso, y controla el gasto militar, lo que es más urgente ahora tras los últimos escándalos en la compra de los Mirage y los tanques Leopard. Y, por último, el contar con un presupuesto más transparente facilitaría el ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde).

Bachelet encomendó a su primera ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, estudiar los cambios. Esta entregó una minuta con las sugerencias a pocas horas de que se le pidiera su renuncia, en enero de 2007. Su sucesor, José Goñi, avanzó en el diseño del proyecto y lo testeó con el alto mando castrense. Pero tuvo diferencias con Hacienda en la plurianualidad del presupuesto de Defensa y, además, enfrentó la presión de los parlamentarios oficialistas. El actual ministro Francisco Vidal ha logrado acotar las discrepancias con la cartera de Teatinos 120, pero no terminar con ellas.

En Defensa explican que dado el carácter estratégico del financiamiento de las FFAA, sólo se someterá a conocimiento del Parlamento en su conjunto la glosa final de gasto, no el detalle. Este lo conocerá una comisión especial, que debe mantener en secreto la información. Si alguno de ellos la revela, es "traición a la patria", dice el senador UDI y presidente de la Comisión de Defensa, Jorge Arancibia.