El gobierno de Brasil lanzó hoy un paquete anticorrupción, tras el estallido de un escándalo de sobornos en la  estatal Petrobras que desató protestas masivas y derrumbó a 13% la popularidad  de la Presidenta Dilma Rousseff.

La mandataria no ha tenido tregua desde que inició su segundo mandato en  enero con un escenario económico negativo. Es asediada por las permanentes  revelaciones del megafraude en la petrolera, que tiene a decenas de  legisladores bajo investigación, muchos de ellos aliados de su gobierno en el  Congreso o incluso de su propio partido.

En un intento por recuperar el dominio de la agenda política, tres días  después de que 1,7 millones de brasileños salieran a las calles a reclamar el  fin de la impunidad y hasta un impeachment (destitución) de Rousseff, el  gobierno buscó ponerse al frente del combate contra los delitos cometidos en la  función pública.

Una de las medidas anunciadas, que como las otras dependerá de la aprobación del Congreso, tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos políticos para sus campañas, una práctica que hasta ahora sólo es considerada una infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.

"Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el  compromiso y la obligación de enfrentar la impunidad que alimenta la  corrupción", dijo la Presidente en un acto en Brasilia, donde reconoció  públicamente esa demanda de la sociedad. "Es coherente con mi vida personal y con mi actuación política", añadió.

Otras medidas proponen reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas.

También se propone extender a todos los empleados públicos del país una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si responden a algún proceso ante los tribunales o han sido declarados culpables de delitos contra el patrimonio público o de tipo penal.

Asimismo, se pide revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que se abran investigaciones judiciales en todos los casos en que los bienes declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes a sus niveles de ingreso. 

Analistas apuntan que el retroceso agudo del apoyo a Rousseff, reelecta en  octubre, y la falta de la tradicional "luna de miel" de los gobiernos recién  ungidos, obedece a la convergencia de una economía deteriorada, al destape de  la confabulación que se enquistó en la empresa que era el orgullo nacional y a  un aislamiento de la mandataria.

El sondeo mensual de Datafolha publicado hoy, uno de los más seguidos en  Brasil, mostró que la aprobación de su gestión se desplomó 10 puntos a 13% y el  rechazo a su gobierno trepó al 62%.

Ese nivel de reprobación es el "más alto de un mandatario desde septiembre  de 1992, en vísperas del impeachment del entonces presidente Fernando Collor",  apuntó el diario Folha de Sao Paulo que publica la encuesta. Collor renunció a la presidencia de Brasil poco después de que se iniciara  una marea para enjuiciarlo.