La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dio por zanjada la polémica reforma de la ley forestal que entró en vigor el jueves, con un veto parcial al texto aprobado en el Parlamento dominado por el poderoso lobby agropecuario y que ecologistas consideran un retroceso para la Amazonía.

Rousseff vetó nueve artículos de la ley, matizando los aspectos más  radicales introducidos por la bancada agropecuaria del Parlamento para intentar  impedir que impulse una mayor deforestación u otorgue una amnistía a quién  deforestó, informó la ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira.

"No amnistiar, no estimular deforestaciones ilegales", resumió Teixeira. El texto definitivo de la reforma con los vetos fue publicado el miércoles de noche en el Diario Oficial como decreto presidencial.

Fue la última palabra de la presidenta para la polémica reforma que lleva  años enfrentando a ecologistas y agricultores.

"El campo ha logrado la seguridad jurídica que necesitaba para producir. Se  acabó la hegemonía ambientalista sobre las cuestiones del medio ambiente",  declaró satisfecha la presidenta de la Confederación Nacional de la  Agricultura (CNA) y líder de la bancada agropecuaria del Senado, Katia Abreu.

Abreu defendió la reforma, incluso con los vetos, y aseguró que "Brasil  continúa teniendo una de las leyes más rigurosas del mundo" para proteger los  bosques. Pero los ambientalistas consideran al nuevo Código Forestal un retroceso. 

"El veto de la presidenta mejoró un poco el texto del Parlamento, que era  horroroso, pero el resultado continúa siendo muy malo", dijo a la  el  responsable para Amazonía de Greenpeace, Paulo Adario, al estimar que la  reforma es poco exigente en la recuperación de áreas deforestadas y reduce la  protección del bosque, por ejemplo en áreas de ríos.

Para el especialista del Instituto de Investigación Ambiental de la  Amazonía (IPAM) André Lima, la ley otorga "muchas amnistías a pequeños  productores que no serán penalizados por haber deforestado, y otros pueden  seguir ese camino".

"Haga lo que haga la presidenta, podemos concluir que ganó quien deforesta,  y perdió la sociedad", lamentó la excandidata presidencial ambientalista Marina Silva al inicio de la semana. 

Para el gobierno, el debate quedó zanjado y comienza ahora la hercúlea  tarea de regularizar el agro brasileño, "5,2 millones de propiedades, con un  catastro ambiental rural que tendrá ser concluido en los próximos dos años",  explicó el asesor especial de la ministra Teixeira, Luiz Antonio  Carvalho.

Para el especialista, esa regularización podrá traducirse en la  recuperación de hasta 30 millones de hectáras de bosque destruidas en el  pasado, una cifra que los ambientalistas ponen en duda.

El Código Forestal obliga a mantener intacta un 80% de selva en propiedades  rurales amazónicas y un 35% en el Cerrado, la gran sabana brasileña.

La reforma de la ley de bosques era un reclamo de agricultores y ganaderos  que vieron aumentar el rigor ambiental en los últimos años, cuando Brasil logró  reducir la deforestación amazónica de 27.000 km2 en 2004, a poco más de 6.000  km2 en 2011.

El gobierno vio en la reforma una posibilidad de poner al día al agro con  la ley ambiental incumplida, pero subestimó el poder del lobby agropecuario en  el Congreso.

El llamado Código Forestal enfrenta dos caras de Brasil: el gigante  productor y exportador agropecuario cuyos cultivos ocupan el 27,7% del  territorio de 8,5 millones de km2, y la potencia ambiental con 60% de bosques. 

Rousseff vetó una primera reforma del Congreso en mayo, a un mes de la  Cumbre de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Rio+20, y mandó al Legislativo un  texto alternativo que volvió a ser modificado.

El texto publicado ahora por el gobierno podría ser reconsiderado por el  Congreso, pero Abreu indicó que esa posibilidad es remota.

"Tenemos hoy 230 millones de hectáreas para la producción de alimentos en  Brasil. Puede que perdamos 30 millones para recuperar (áreas deforestadas en el  pasado) pero, con tecnología, lo que queda es suficiente para duplicar la  producción de carne y más que duplicar la de granos" concluyó Abreu.

Aun así, el líder de los legisladores que defienden los intereses del agro en la Cámara de Diputados, Ronaldo Caiado, anunció que presentará una moción de  inconstitucionalidad a los vetos por considerar que Rousseff debería haberlos  sometido de nuevo al Congreso.