La diputada de la UDI Claudia Nogueira se trasladó hasta el Tribunal de Garantía de Valparaíso para participar de una audiencia en la cual, mediante el pago de más de 30 millones de pesos, se suspendió condicionalmente el procedimiento en el cual era investigada por fraude al fisco.
Nogueira, quien fue formalizada el pasado 7 de abril en el marco del caso del uso irregular de asignaciones parlamentarias, debió devolver al Estado un total de 30 millones 283 mil pesos, además de pagar cinco millones adicionales a Un Techo Para Chile y quedar sujeta a firma mensual en fiscalía por los próximos 18 meses para acceder a la salida alternativa.
Tras finalizar la breve audiencia, la parlamentaria señaló que "estoy muy tranquila, muy contenta, he dado vuelta una página, así es que voy a abocarme a mis labores legislativas y a representar a Recoleta e Independencia, mis comunas. Este acuerdo ha sido voluntario y he instruido a mis abogados que lleguen a él de forma de terminar esta situación".
Nogueira enfatizó, en este sentido, que solicitó a sus representantes llegar a este acuerdo con la fiscalía para, según ella, zanjar la situación y terminar con ataques injustos y odiosos a su persona.
Sobre la suspensión condicional a la cual accedió la diputada Nogueira, el fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott, manifestó que para el Ministerio Público significa un reconocimiento de que los fondos públicos que recibe el Congreso y en particular los legisladores deben ser bien empleados.
"El hecho de que la parlamentaria Claudia Nogueira haya reintegrado los fondos que percibió -a juicio del Ministerio Público- indebidamente, bien importa una suerte de reconocimiento de que esos fondos deben ser destinados a las finalidades públicas para las cuales el Estado provee a los parlamentarios. En consecuencia, esta solución de suspensión condicional ha supuesto el reintegro de los dineros y el pago de una suma no menor a un Techo Para Chile y a sujeto la parlamentaria al gravamen de firmar por 18 meses", manifestó Abbott.
El fiscal regional porteño precisó, además, que si la legisladora fuese nuevamente formalizada esta suspensión condicional quedaría sin efecto, por lo que podría ser enjuiciada por el delito del fraude al fisco que la fiscalía le imputó por haber supuestamente incrementado su patrimonio al depositar en su cuenta corriente $ 28.375.103 destinados a asesorías que no se realizaron y $1.900.000 por el arriendo de una sede en Recoleta, en donde también operaba la empresa GMA.
