Mañana, el diputado Leonardo Soto (PS) asumirá la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara, instancia que tendrá un rol clave en la tramitación del proyecto de financiamiento de la política y de las iniciativas que han surgido en los últimos días para evitar una proliferación de partidos políticos tras la reforma al sistema binominal.
En la comisión se comenzó a discutir la semana pasada el proyecto de financiamiento de la política. ¿Qué perfeccionamientos cree que deben realizarse?
El proyecto va en la línea correcta, pero también tiene deficiencias. Es débil en el marco de las sanciones. Tienen que haber sanciones como que los candidatos electos a los que se les descubren ilegalidades en el financiamiento de sus campañas deben perder el cargo. Junto con ello, deben devolver el financiamiento público que obtuvieron, incluyendo una multa alta. Y los tipos penales deben ser severos, porque ahí puede haber un tipo de cohecho. Para los que financian también deben aplicarse normas severas. Para los financistas, la multa que establece el proyecto parte en $800 mil. Alguien que aporta $200 millones a un candidato, con la idea de influir en su comportamiento en el Parlamento, no puede ser sancionado con $800 mil. Agregaría la inhabilidad para celebrar contratos con el Estado. Por último, donde hay francamente una omisión en este proyecto es la sanción que debe aplicársele a los partidos políticos. Cuando hay irregularidades o delitos, también ha fallado la directiva en poder controlar a sus militantes. No basta, como hemos visto, con que se cambie la directiva de los partidos para que desaparezcan las prácticas. Debe sancionarse penalmente a los partidos por los ilícitos en el financiamento de sus candidatos, porque, en el fondo, ellos han permitido que esto se produzca.
¿Qué tipo de sanciones?
Desde el 2009 tenemos un marco que establece sanciones penales a las personas jurídicas, a las empresas, que cometen abusos como cohecho y soborno. A esa ley tenemos que incluir a los partidos, con sanciones que vayan desde multas hasta la disolución de un partido.
¿Lo va a proponer vía indicaciones?
Sí. Estamos trabajando indicaciones que tienden a hacer efectiva la responsabilidad corporativa de los partidos por la conducta de sus militantes. No pueden pretender estar exentos, porque, en gran parte, las políticas internas son las que favorecen o desincentivan las conductas de los militantes.
Hay algunos parlamentarios que han propuesto mayores restricciones para la existencia de partidos políticos, como el presidente del PS, Osvaldo Andrade. ¿Apoya establecer mayores barreras para las colectividades?
Yo no. Soy de los parlamentarios que no les tememos a los ciudadanos. Si quieren organizar partidos nuevos, bienvenido. Será la gente la que verá si los apoya. No es conveniente establecer barreras altas de entrada. Donde sí creo que puede haber un tipo de filtro es en la posibilidad de recibir financiamiento público. Para eso, un partido debe demostrar una cierta representatividad, que tiene democracia y controles internos.
Existen aprensiones de algunos dirigentes oficialistas y de oposición por el rol que tendrá el consejo asesor que creó la Presidenta Bachelet. No quieren que eso sustituya el papel de los parlamentarios. ¿Lo comparte?
Valoro la creación del comité asesor, pero su trabajo debe ser complementario al nuestro. Una comisión de expertos no puede ser lo único que resuelva estos temas. Está lleno de ejemplos en la historia de Chile de comisiones de expertos que elaboraron propuestas muy modernas, pero que no tenían legitimidad ni sintonía con la demanda de su época.
