En Chile, según un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), existen 20 millones 574 mil teléfonos celulares. Es decir, hay más de un aparato por habitante en nuestro país. De ellos, el 28,3% se rige por un contrato, mientras que el resto, es decir un amplio 71,7% de los móviles, es de la modalidad de prepago.

Hablamos, entonces, de más de 14 millones de teléfonos celulares que son ocupados gracias a las tarjetas de prepago o la compra de minutos que, por cierto, son mucho más caros que los afectos a un plan de contrato y que, además, tienen un plazo fijo y muy corto de expiración.

Algo que, a juicio del diputado Ricardo Rincón, no sólo irregular sino que se trata "de un abuso de las empresas telefónicas" que "se acerca a un peligroso enriquecimiento ilícito", pues el dinero que han invertido se pierde en forma irremediable y sin que exista ningún tipo de contraprestación de por medio.

El parlamentario demócrata cristiano, quien tocó el tema con ocasión de la aprobación del Fondo para las Telecomunicaciones, explicó a La Tercera que si bien el minutaje adquirido y ocupado por la vía del prepago es un dato "que manejan exclusivamente las empresas" resulta "indesmentible que la práctica existe, eso es un hecho".

"Y no es una compra en que a uno le digan que le venden equis minutos y tiene un año o dos para ocuparlos, no, estamos hablando de 60 días máximo, lo que casi constituye un ahogamiento para el consumidor, que se supone debería hacer un uso racional de esos minutos que son, de hecho, bastante más caros", afirmó Rincón.

Según el diputado, "establecer como sanción, poco menos, la pérdida del minutaje que adquirió un consumidor es claramente una fuente de enriquecimiento ilícito sin causa, que es un tema que está reconocido en el Código Civil, que no se admite. No nos parece, por lo tanto, esta vulneración que hacen las empresas telefónicas".

"Lo que está ocurriendo es francamente una apropiación indebida", expresó el diputado DC, pues "hay una ganancia de las empresas pese a no haber prestado ningún servicio".

Manifestó que si una persona "compra una tarjeta de prepago de 3 mil o 5 mil pesos, es dueña de ese dinero que invirtió y lo lógico es que lo use sin ningún límite de tiempo, ya que está comprando un servicio y un derecho. Ninguna empresa puede quitarle eso luego de un plazo establecido en forma arbitraria".

Rincón explicó que el miércoles "pedimos que se pudiera hacer un oficio al presidente Sebastián Piñera para que esta práctica se parara, haciendo uso de sus potestades legales o reglamentarias según correspondiera, pero habiendo más de cien diputados presentes, sólo se opuso Felipe Salaberry (UDI), en algo que nadie es capaz de entender".

"De hecho, el diputado René Manuel García (RN) tiene un proyecto presentado sobre lo mismo, entonces la idea era hacer una cosa transversal, conjunta, porque es un tema que no distingue y porque es un hecho acreditado que, por lo demás, afecta a los sectores de más escasos recursos principalmente", afirmó el parlamentario.

Rincón informó que el lunes 6 de junio ya tiene fijada una cita con el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, para conversar sobre este tema y que espera coordinar la fecha para juntarse además con el director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Juan Antonio Peribonio, para evaluar los pasos a seguir.