El diputado DC Sergio Ojeda, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, acusó que existe "obstrucción y entrampamiento por parte de las autoridades públicas para que la Cámara realice su labor fiscalizadora" en relación a la investigación que se lleva a cabo sobre la aprobación del megaproyecto HidroAysén.
El pasado 18 de mayo la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, donde la oposición tiene mayoría, se constituyó como instancia investigadora del proyecto que pretende instalar cinco represas en los ríos Baker y Pascua en la Región de Aysén.
El parlamentario que encabeza la comisión señaló que "ya estamos viendo problemas que podrían entrabar el trabajo, lo que obviamente afecta la transparencia y eficiencia de la investigación al dificultarse la obtención de testimonios claves".
"Lamentablemente quienes han sido citados a esta comisión, funcionarios públicos, no han contado con el debido apoyo de sus superiores. Esperamos que el gobierno respete y entienda el rol que cumplen las comisiones investigadoras y que se termine este afán de limitar el trabajo que, por ley, le corresponde a los diputados: fiscalizar la labor del Gobierno, especialmente en casos que han generado preocupación nacional", dijo Ojeda.
En la oportunidad, el diputado democratacristiano, acompañado del diputado PPD Enrique Accorsi, hizo un llamado al ministerio del Interior para que se instruya a los diferentes servicios públicos a dar todas las garantías necesarias a los empleados fiscales para que puedan asistir a las diversas comisiones públicas que se están desarrollando en la Cámara.
"Nos hemos encontrado con obstruccionismo en nuestra labor fiscalizadora, ya que los mismos empleados públicos han denunciado que para dar su testimonio en las comisiones investigadoras han debido cancelar de sus propios sueldo la estadía y los pasajes, además de sufrir el temor de ser trasladados de su lugar de trabajo, ya que la mayoría no son de planta sino que a contrata o a honorarios", indicó Accorsi.
