El 22 de diciembre de 2014 se promulgó la ley de administrador provisional y de cierre para la educación superior. Seis meses después, Patricio Velasco fue elegido como el primer interventor y su misión fue sacar a la U. Arcis de su crisis.
El nombramiento ocurrió luego de que la investigación del Mineduc hallara varias irregularidades. "La universidad ha incumplido reiteradamente sus compromisos financieros, administrativos y laborales, y como consecuencia de ello, existe riesgo serio de no garantizar la viabilidad administrativa y financiera de la misma, afectando la continuidad de estudios de los y las estudiantes", consigna el documento que en mayo de 2015 la cartera envió a la entonces rectora del plantel, Elisa Neumann.
Así comenzó en junio a trabajar Velasco, y en febrero de 2016 el ministerio aprobó su plan para reimpulsar la U. Arcis, el que, entre otras cosas, contemplaba la venta de ambas sedes, un proceso de cobranza de deudas de los estudiantes y un ajuste en las carreras. Un año después, el recinto se encuentra acosado por varios juicios, uno de los cuales decretó la liquidación forzosa de sus bienes y abrió la puerta para su cierre.
Los dardos apuntan, en primer lugar, a Patricio Velasco, quien en diciembre del año pasado señaló que el plantel sólo podía continuar si matriculaba 570 alumnos nuevos, meta que él mismo y también el Mineduc reconocieron que están lejos de cumplir. El año pasado, la institución sólo sumó alrededor de 50 alumnos y, actualmente, en todos los niveles, tiene poco más de 500.
Mario Venegas (DC), diputado e integrante de la Comisión de Educación, señaló que el espíritu de la Ley 20.800 es gestionar y salvar el proyecto educativo y que "el administrador provisional no lo hizo o no pudo hacerlo como se esperaba". En ese sentido, el parlamentario agregó que la insolvencia económica del plantel, arrastrada por años, además de las demandas de carácter civil, "fueron temas que Velasco no pudo manejar".
Para el actual presidente de la Comisión de Educación, Alberto Robles (PR), es necesario tomar determinaciones rápidamente: "En esas condiciones, sin haber cumplido la meta de matrícula, creo que (la universidad) no debe continuar y debe producirse el cierre. Lo peor es dilatar una situación que trae más conflicto. Hay que actuar rápida y eficientemente con un cierre, cautelando el derecho a que los estudiantes terminen sus estudios".
Robles añadió que los "antecedentes que el administrador entregó a la comisión mostraron que se había hecho lo posible con la situación que se encontró, pero el Mineduc debe evaluar si los objetivos se cumplieron o no. El quiebre o el cierre de la institución significa que el administrador provisional fracasó, porque su objetivo es solucionar la crisis para que siga adelante".
Los alumnos y funcionarios también manifestaron sus preocupaciones: "La gestión de Velasco no ha sido coherente. No puede ser que de la quiebra nos enteremos por la prensa, que no participe en los procesos judiciales como corresponde", dijo Ana Valdés, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la U. Arcis (Feuarcis).
"Desde que asumió el cargo, no se ha visto que haga algo concreto para que la universidad mejore", criticó Javiera Aguilar, alumna de tercer año.
Consultada por estas críticas, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, defendió la gestión del interventor: "No se puede responsabilizar (a Velasco). Hizo funcionar un año más la universidad, cuando la tomó estaba en una situación muy precaria. Se ha hecho todo lo posible".
La encargada de la cartera subrayó que "en situaciones de crisis siempre se busca al culpable, esta una situación arrastrada, $ 8.000 millones de deuda es algo de muchos años, no de un mes".
El diputado (ind.) José Manuel Edwards señaló que "el Mineduc es el verdadero culpable y que ha dejado caer al plantel y sus alumnos".
Pero para Sandra Beltrami, presidenta de la Feuarcis, "la ministra de Educación no puede decir que el administrador provisional no tiene responsabilidad en esta crisis, si nos dejó botados, fue a una audiencia sin abogado y el fallo es casi irreversible".
Pero, además de la responsabilidad del Mineduc y del interventor, también estos días se ha criticado duramente el rol del PC, debido a que hasta diciembre de 2013 militantes dominaban el directorio del plantel y también formaban parte de la inmobiliaria que le arrendaba los inmuebles. Ayer, la diputada PC Camila Vallejo defendió a su colectividad: "Ya ha habido investigaciones. Se aclaró que no hubo lucro y que no hubo participación del partido, pero sí de militantes que ya dieron la cara", aseguró la ex dirigente estudiantil.
Ayer, el administrador provisional, Patricio Velasco, estuvo reunido por varias horas con la federación del plantel, trabajadores e integrantes de la Confech, para tratar de explicar cuál es la situación actual del plantel.
Los estudiantes denuncian que la institución se encuentra en un limbo, donde dos leyes están colisionando: la del administrador provisional y la de insolvencia, con lo que la gestión de Velasco choca con la de Cristián Herrera, el liquidador nombrado por tribunales.
Sandra Beltrami señaló que "no se tiene muy claro cuáles son las facultades ni de Herrera ni de Velasco". Daniela Cisterna, alumna de Pedagogía, dijo que "ninguno de los dos tiene el mando y nos sentimos a la deriva, porque no hay una solución concreta".
En tanto, para ayer se esperaba que el liquidador y Velasco se reunieran, pero se informó que la cita se reprogramó para hoy. Eso sí, Herrera continúo trabajando en paralelo a Velasco, cada uno en distintas oficinas. El miércoles, el Mineduc informó que se había concretado la venta de la sede de Huérfanos a la Universidad de Chile y ese fue uno de los temas que abordó el encargado de ejecutar la quiebra: "La universidad había pagado algunas cuotas de arrendamiento, se va a recuperar dinero de esa operación", aseguró Herrera, quien agregó que, por ahora, no maneja el monto exacto de la transacción.
"Se podría llegar a una suma del orden de los $ 1.300 millones, monto que no alcanza para pagar la deuda, pero que se destinará para las remuneraciones que se adeudan a los trabajadores", dijo Herrera, quien el miércoles desvinculó a los funcionarios y docentes, señalando que se iba a recontratar al "mínimo necesario".
Cabe recordar que el campus de Huérfanos no pertenecía a la U. Arcis, sino que ésta lo ocupaba vía leasing. Por ello, la recaudación de la venta va primero al propietario del inmueble y lo que sobre puede ser ocupado por la institución. Ayer, Delpiano confirmó que el administrador apelará al fallo y señaló que "para el ministerio lo más importante es garantizar que puedan titularse todos los alumnos en buenas universidades".
