Esta mañana la Cámara de Diputados aprobó por 41 votos a favor, 23 en contra y dos abstenciones los resultados de la comisión investigadora por HidroAysén. 

El hemiciclo respalda, de esta manera, las principales conclusiones de la entidad, la cual concluyó en un informe de 416 páginas (ver archivo adjunto) que existe una serie de irregularidades, en torno a la construcción del mega proyecto hidroeléctrico en la undécima región.

En ese sentido, el presidente de la comisión, Sergio Ojeda (DC) afirmó que las conclusiones "dejan a este proyecto es una situación aún más compleja, sumando un nuevo cuestionamiento a una obra que cuenta ya con un masivo rechazo".

A su vez, aseveró que, con esta votación,"se ratifican todas denuncias que se han denunciado públicamente; éstas se traducen en modificaciones y alteraciones de informes técnicos y pronunciamientos a favor de Hidroaysén; cambios a última hora de inconforme a conforme, hechos bajo presión;  incompatibilidad e inhabilidades de varios Seremis y Alcaldes que debían emitir informes y que habrían recibido ayudas de Hidroaysén bajo supuesto principio de Responsabilidad Social de la Empresa; entre otras irregularidades".

El  parlamentario también detalló que "hubo contravención a la Convención de Washington sobre Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América, ratificada por Chile, que obliga a los Estados a un Pronunciamiento Legislativo, a través del Congreso Nacional,  cuando los Parques Nacionales son alterados y enajenados. Se hizo la evaluación con falta absoluta del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Hubo, además,  omisión de la participación ciudadana".

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME

1. Las instancias de decisión están compuestas solamente por funcionarios  de gobierno, lo que provoca una debilidad extrema, dada su dependencia de la  política oficial, lo que inhabilita la capacidad de los funcionarios para resolver en  conciencia y con apego a los antecedentes técnicos que su propios servicios  elaboran.

2. No existe un reglamento expreso de inhabilidades*, que se aplique de  manera automática a funcionarios que puedan tener causales de abstención o inhabilidad.

*Este punto es de considerable atención, a raíz de las acusaciones de conflicto de interés del ministro de la Corte Suprema, Pedro Pierry, quien posee acciones en la empresa Endesa.

3. No existen procedimientos institucionales eficaces y oportunos que  tomen  en cuenta, verdaderamente, las opiniones y observaciones de las  comunidades afectadas.

4. En este marco, el gobierno anterior como el actual decidieron, a  rajatabla, tramitar este proyecto, con intervención directa incluso de los Ministros  del Interior, lo cual representa una intromisión indebida, por la presión que 71 representa para todos los funcionarios del gobierno involucrados.

5. HidroAysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un  conjunto de acciones manifiestamente repudiables (presión y entrega de  prebendas a comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos alcaldes debían opinar acerca del proyecto; etc.) Se requiere que este "lobby" esté expresamente prohibido, debiendo paralizarse toda tramitación que  presente estas anomalías.