Con 48 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el veto formulado por el Presidente Sebastián Piñera, que suprimía el numeral segundo y catorce del artículo único del proyecto sobre el procedimiento para otorgar concesiones eléctricas en que se abordaba la consulta indígena y la normativa sobre áreas silvestres protegidas. 

En el mensaje que acompaña al veto presidencial, se plantea que no hubo acuerdo entre senadores y diputados respecto a las modificaciones introducidas por el Senado, sobre la consulta indígena contemplada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sobre el cumplimiento de la normativa sobre áreas silvestres protegidas contemplada en el Convenio de Washington.

Ello llevó a la creación de una Comisión Mixta, instancia en que nuevamente se produjeron discrepancias respecto de estas materias, proponiéndose finalmente mantener en su informe la redacción aprobada por el Senado.

Cuando se sometió el informe de la Comisión Mixta a la ratificación en la Cámara de Diputados, el 13 de agosto pasado, nuevamente se produjeron controversias en las materias relativas a la consulta indígena y al cumplimiento a la normativa sobre áreas silvestres protegidas.

El Ejecutivo planteó en ese momento la necesidad de que el país pudiera contar con una política energética que asegure un desarrollo seguro y sustentable en el tiempo.

Por ello, se suscribió un acuerdo político entre el ministro de Energía, Jorge Bunster y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet con las bancadas de los partidos políticos PR, PPD, DC, RN y UDI, en el que se estableció que los parlamentarios se comprometían a votar favorablemente la propuesta efectuada por la Comisión Mixta y a su vez, el Ejecutivo se comprometió a presentar un veto supresivo respecto de ambas materias que generaron discordia.

Luego de esto, la Cámara de Diputados ratificó por amplia mayoría el informe de la Comisión Mixta, lo mismo que el Senado.

Así, la regulación sobre la consulta indígena y las áreas silvestres protegidas no será especificada dentro de la iniciativa y se limitará a ser sometida bajo los conceptos globales contemplados dentro de los convenios internacionales 169 de la OIT y de Washington, respectivamente, suscritos por el país.