El pasado 23 de septiembre se publicó la ley de aborto en el Diario Oficial, quedando estipuladas las tres causales para practicar la interrupción del embarazo en nuestro país: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Y fue precisamente sobre este último punto que a pocos días de promulgada la norma se presentó el primer caso, que puso en jaque la aplicación práctica de la legislación.
Se trata de una menor de 13 años, quien producto de una violación quedó embarazada y quiso hacer valer la ley en el Hospital de Castro, en Chiloé, Región de Los Lagos, como dio a conocer este sábado La Tercera. La niña tenía 11 semanas de gestación y, según la ley, el procedimiento puede realizarse hasta la semana 14. Es decir, la niña estaba al límite.
Según el Servicio de Salud de Chiloé, no había hospitales en la zona que contaran con médicos dispuestos a realizar la intervención, argumentado que no se podía realizar el aborto mientras el protocolo del Ministerio de Salud para estos casos no estuviera listo. Otras de las razones que habrían esgrimido los facultativos fue que el Hospital de Castro no tenía los insumos técnicos necesarios para el proceso. Finalmente, fue trasladada en avión a Santiago, donde se desarrolló el procedimiento.
Aunque el Ministerio de Salud tiene hasta el 23 de diciembre para publicar el reglamento a seguir por los médicos, los diputados de la Comisión de Salud sostuvieron que este caso da cuenta de un "vacío" que existe actualmente para poner en práctica la ley.
La diputada Karla Rubilar (independiente) indicó que "era lógico pensar que una vez aprobada la ley, en todos los casos que se cumplieran estrictamente los requisitos las niñas o mujeres iban a poder solicitar la interrupción del embarazo. En cualquier rincón de Chile. Y debieron haber estado preparados para eso. Al menos tener claridad de los ginecólogos objetores en todos los servicios de salud y cuando no se iba a contar con ellos. Pareciera que hubo un poco de 'peloteo' con la niña y su madre, y lo que se buscaba con la ley también era dar dignidad".
En esa misma línea, el diputado PS Juan Luis Castro dijo que "no es justificable ni explicable que a estas alturas, después de varios meses de aprobada la ley, ocurra un incidente como este, en que poco menos que nadie sabe cómo actuar y tienen que mandar a Santiago a un paciente. La ley se tramitó precisamente bajo las instrucciones de que el Ministerio de Salud debía aplicar en cada punto del país, en cada centro asistencial, las líneas de acción correspondientes".
Desde el Ministerio de Salud explicaron que no pueden referirse al caso particular, dado que el juez de familia que tramita la causa, que es indagada por el Ministerio Público, decretó la prohibición judicial de informar. Sin embargo, la cartera advirtió que "no se puede negar la atención a una paciente por el solo hecho de no estar dictados los reglamentos de la ley, en la medida en que se constaten los aspectos que la misma ley exige para las causales, pues la ley está vigente desde su publicación, el 23 de septiembre de 2017".
La vocera de Gobierno, Paula Narváez, en tanto, señaló que "se efectuó el procedimiento cautelando la vida de la niña. Eso se hizo considerando todas las dificultades; lo importante es que se pudo prestar la atención".
El director del Hospital de Castro, Ricardo Salazar, también aseguró que están con prohibición de informar, aunque advirtió que "el reglamento sale el 23 de diciembre, que es el plazo máximo, y en ese margen estamos trabajando desde el nivel central para prepararnos, si es que en cualquier momento se requiere esa prestación. Pero, como hospital, no hemos recibido una solicitud formal de ello".
Para la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, tomará tiempo implementar le legislación: "Puede que algunas regiones, incluso sacado el reglamento, también tengan alguna latencia, pero hay que comprender que es parte de un proceso de implementación de una nueva ley, que no es sencillo, que tiene ribetes técnicos, pero como Colegio Médico tenemos toda la voluntad de colaborar".
