Un requerimiento ante la Contraloría presentaron esta jornada los diputados Nicolás Monckeberg (RN), Arturo Squella (UDI) y Pedro Browne (Amplitud) para que la entidad se pronuncie sobre los "despidos masivos" a funcionarios públicos por parte del gobierno de Michelle Bachelet.

El diputado Squella detalló que la presentación va acompañada de una nómina de cerca de 140 funcionarios desvinculados "ilegal y arbitrariamente, junto con los antecedentes de cómo se procedió".

"Creemos que lo que ha ocurrido en materia de despidos desde el 11 de marzo en adelante no solo es injusto, es arbitrario e ilegal y hemos querido poner a disposición del Contralor General de la República antecedentes de hecho y de derecho, donde graficamos la ilegalidad en que ha incurrido este nuevo gobierno, particularmente sus ministros a la hora de despedir a los distintos funcionarios públicos a lo largo de todo Chile", afirmó.

El parlamentario acusó que en el ministerio de Salud habrían aparecido carteles con frases y amenazas a funcionarios que se mantienen desde la administración de Sebastián Piñera, lo que a su juicio "no corresponde".

Por su parte, el diputado Monckeberg cuestionó el rol de la CUT y la ANEF frente a los despidos. "Es decepcionante comprobar que la ANEF, la CUT, que están llamadas a defender a todos los  trabajadores, independiente su color político o en qué gobierno trabajaron, hoy brillan por su ausencia", manifestó.

El parlamentario hizo un llamado a aquellos funcionarios que sientan que fueron "injusta e ilegalmente despedidos" a hacer las denuncias respectivas.

En tanto, el diputado Browne descartó la presencia de "contratos de amarre".

"Aquí no se trata de contratos de amarre, se trata de personas que están sirviendo a su país y que aspiran a seguir haciéndolo de la misma manera sin importar cuál sea el gobierno de turno, para eso están los cargos de confianza que nosotros entendemos que tienen que ser nombrados por el gobierno entrante", concluyó.