En los últimos días, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, ha sostenido varias conversaciones informales con diputados de la Nueva Mayoría.
El objetivo ha sido sondear la postura de los parlamentarios ante las modificaciones que está preparando el gobierno al proyecto de inclusión, que busca terminar con el lucro, el copago y la selección.
En La Moneda y en algunos sectores del oficialismo existe preocupación por la posibilidad de que las indicaciones que se presenten -cuyo plazo vence este viernes- sean rechazadas durante el tercer trámite en la Cámara. Esto, si prosperan antes en el Senado, que revisará y votará en detalle el proyecto entre el 5 y el 20 de enero. Una discrepancia entre ambas corporaciones no sólo provocará que el texto deba ser visto en una comisión mixta -prolongando el debate y arriesgando no cumplir el compromiso de despachar el proyecto el 31 de enero-, sino que también abrirá la puerta para que se caigan algunos aspectos centrales. "Podrían haber votos en contra de diputados de la Nueva Mayoría", advirtió un dirigente del sector, graficando el complejo escenario en que ya se vislumbran divisiones internas.
De hecho, los diputados oficialistas que integran la Comisión de Educación se retiraron sin llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, tras una reunión de casi dos horas sostenida ayer con el ministro Nicolás Eyzaguirre. Además, varios cuestionaron -en privado y en público- los resultados de la cita, acusando una ausencia de "información concreta" sobre las indicaciones que prepara el gobierno. Esto, junto con reiterar sus reparos ante las modificaciones que se están preparando.
"Me quedé con gusto a poco. Esperábamos tener las indicaciones en concreto, y sólo tenemos ideas", dijo el presidente de la Comisión de Educación, Mario Venegas (DC). A su juicio, "la reunión no tuvo mucha razón de ser".
Uno de los puntos que genera resistencia en varios diputados es la posibilidad de establecer excepciones para que algunos colegios -con proyectos educativos específicos- puedan seleccionar un número de alumnos que equivale a un 30% de su matrícula, alternativa que, dicen los asistentes, fue notificada por Eyzaguirre.
Otro de los puntos planteados por el ministro -agregan- es la opción promovida por algunos senadores oficialistas de que colegios con menos de 400 alumnos puedan arrendar a partes relacionadas con fines de lucro -que mantienen algún tipo de vínculo con el sostenedor o dueño- por un plazo máximo de diez años. La fórmula desató críticas de algunos de los asistentes, que consideran que con ese mecanismo los sostenedores podrían seguir retirando utilidades. Los que manifestaron su rechazo fueron, entre otros, Camila Vallejo (PC) y Venegas. Este último planteó en el encuentro que esa medida era "exagerada".
Respecto a las sanciones por el lucro hay un mayor consenso en torno a establecer medidas civiles, administrativas y penales.
Los detalles fueron abordados más tarde, durante un encuentro entre diputados y senadores de la DC, junto a un grupo de asesores, cita que volverá a realizarse hoy. En tanto, Eyzaguirre pretende lograr un acuerdo definitivo con los senadores oficialistas hoy -cuando se reúnan nuevamente- o mañana.
