Un grupo transversal de diputados de la oposición respaldó la decisión del pleno de la Corte Suprema, que manifestó su "total y absoluto rechazo" a las declaraciones de la ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, sobre la paralización de la construcción de la central termoeléctrica Castilla.
El diputado del PS, Alfonso De Urresti calificó las opiniones de la ministra como "absolutamente inconducentes e improcedentes y vulneran la Constitución. Ha sido la Corte Suprema la que ha señalado que sus declaraciones son indebidas e inaceptables, en las atribuciones que exclusivamente la Constitución política otorga al Poder Judicial.
"La ministra Benítez se ha puesto al margen de la legalidad y ha vulnerado normas expresas y se ha entrometido en funciones que son de competencia de la Corte Suprema y frente a ello creemos que procede solicitarle la renuncia al cargo e incluso estudiar una acusación constitucional en su contra", agregó el parlamentario.
En tanto, el diputado de la misma colectividad, Marcelo Díaz, aseveró que la ministra "atentó contra la independencia del Poder Judicial".
Por esta razón, el parlamentario dijo que la ministra tiene tres caminos: "Renuncia, el Presidente la remueve de su cargo o tendremos que ser nosotros los que intentemos sacarla de su puesto mediante una Acusación Constitucional. Ahora, es el Presidente Piñera, quien tiene la palabra".
A su turno, el DC Patricio Vallespín acusó a la ministra de actuar "como vocera de una empresa y no como secretaria de Estado; no nos da garantías para seguir ejerciendo el cargo, no puede ser la defensora de un proyecto privado de generación eléctrica, en contra de lo señalado por la Corte Suprema. Por respeto a la institucionalidad ambiental y por respeto a las personas que resultaron beneficiadas con este fallo, le pedimos que renuncie. Ministra, se equivocó, reconózcalo, metió la pata, renuncie, sus declaraciones son inaceptables ".
Finalmente, la diputada del PPD Cristina Girardi aseguró que tras los dichos de la ministra "la institucionalidad ambiental claramente está en entredicho, porque aprueba proyectos sin que efectivamente se respeten las normas, y aquí cuando aquellos organismos que debieran realmente verificar si el proyecto no cumplen con su labor, tiene que actuar la Corte".
