Ha pasado poco más de un mes desde las elecciones municipales, en las que debutaron las restricciones de la agenda de probidad impulsada por el gobierno, y ya se activó una propuesta para modificar uno de los aspectos centrales de la nueva normativa.
La semana pasada, un grupo transversal de diputados ingresó a la Cámara un proyecto de ley que busca redefinir los plazos de campaña. Esto, en el caso del Presidente de la República, parlamentarios, alcaldes y concejales.
La iniciativa es impulsada por Pepe Auth (ex PPD). Y cuenta con el patrocinio de los DC Fuad Chahín y Claudio Arriagada, los UDI Jaime Bellolio y Patricio Melero, los RN Cristián Monckeberg y Germán Becker, además de Leonardo Soto (PS) y Ramón Farías (PPD).
Actualmente, entregar material impreso a los electores está permitido sólo 60 días antes de una elección, mientras que exhibir carteles con los nombres y rostros de los candidatos en lugares públicos y privados autorizados sólo puede hacerse 30 días antes de los comicios.
Así, el objetivo de la propuesta de los parlamentarios es ampliar esos plazos y permitir que desde 90 días antes de la elección, cuando se realice la inscripción de los postulantes ante el Servicio Electoral (Servel), los candidatos puedan difundir impresos a los electores, así como instalar carteles en lugares privados autorizados por sus propietarios.
En paralelo, el proyecto plantea que el plazo de 60 días previos que rige para la publicidad radial y medios escritos, rija también para la instalación de carteles en los lugares públicos debidamente autorizados.
"Las restricciones impuestas por la ley tuvieron el impacto deseado de reducir la gravitación del dinero, evitar la exagerada contaminación visual de campañas anteriores y orientar los esfuerzos de campaña al contacto directo de los candidatos con los ciudadanos y a la difusión de sus propuestas diferenciadoras. Sin embargo, los breves plazos establecidos para desplegar las distintas iniciativas e instrumentos de campaña tuvieron el efecto negativo de reducir significativamente el clima electoral y de impedir a los desafiantes un espacio de tiempo mínimo para alcanzar a comunicar su identidad y sus propuestas", se lee en los fundamentos del proyecto de los diputados. Y se agrega que "si la campaña electoral es demasiado breve, esta ventaja del incumbente pasa a ser completamente desequilibrante y establece una desigualdad inaceptable".
En esta línea, el proyecto de ley también busca prohibir a las autoridades en ejercicio que utilicen recursos fiscales para publicitar sus políticas públicas y medidas desde 180 días antes de la elección.
"Estamos proponiendo ampliar los plazos para preservar el espíritu de la nueva ley de campañas, que es el de privilegiar el contacto directo con la gente por sobre la publicidad e igualar las oportunidades de los candidatos, independiente de sus recursos o de su condición de autoridad o desafiante", dice Auth.
"Es ridículo que alguien inscrito legalmente como candidato ante el Servel 90 días antes de la elección, deba esperar dos meses para difundir impresos con sus propuestas de candidato y exhibir carteles con su imagen y nombre", recalca el diputado.
"Hicimos importantes cambios en materia de propaganda y financiamiento de campañas. Mi balance es que fue positivo. Este proyecto busca recoger las inquietudes de los candidatos y de la gente para perfeccionar la norma y permitir mayor competencia", explica Monckeberg, junto con aclarar que, de todas maneras, algunos de los puntos pueden ser discutidos. "En lugares privados me parece razonable ampliar el plazo a 90 días, no tanto así en lugares públicos, donde lo mantendría en 30 días", agrega.
Bellolio, en tanto, sostiene que "en la experiencia de la municipal se muestra que hay algunas cosas que cambiar, porque sino parece una legislación anticampañas más que una que las regule". Y enfatiza que "uno comparte la lógica de restringir el poder del dinero, pero algo distinto es que no se pueda hacer campaña".
