Como "inaceptable" calificó el diputado RN, Gonzalo Fuenzalida, la decisión del gobierno de buscar aplazar la entrada en vigencia de la Ley de Lobby para parlamentarios y embajadores.
La determinación del gobierno fue dada a conocer a un día de que la normativa entre en vigencia para la mayoría de las autoridades, quienes deberán transparentar las reuniones que sostengan con lobbistas o grupos de intereses particulares.
"Me parece impresentable que hoy día el Gobierno después de años de tramitación de una Ley de Lobby, que está lista para ser implementada decida suspender su aplicación para los próximos seis meses", dijo el diputado Gonzalo Fuenzalida, en representación de la bancada parlamentaria.
El parlamentario acusó una "falta de respeto a la labor legislativa". "Me parece una falta de transparencia y una evidente falta de respeto por la labor legislativa, ya que nos impone una voluntad sin informar a la Cámara justo en momentos en que nosotros aprobamos en el Parlamento la aplicación de esta ley", dijo.
"Nosotros discutimos justamente en la Sala de la Cámara el Reglamento de la aplicación de esta Ley, y sin mediar ningún tipo de aviso respecto del Parlamento, el gobierno posterga la aplicación de la Ley, para que se aplique en seis meses más. Eso, por decir lo menos, acusa falta de transparencia e improvisación", agregó.
Se espera que a inicios de diciembre el gobierno ingrese la modificación, que permitirá aplazar la entrada en vigencia para los parlamentarios. En el caso de los embajadores, la decisión dependerá de un pronunciamiento de la Contraloría que se está esperando.
CIUDADANO INTELIGENTE: "NO PUEDE SER"
María Jaraquemada, Directora de Investigación e Incidencia de Fundación Ciudadano Inteligente, rechazó la posibilidad de que se prorrogue la puesta en marcha de la iniciativa.
"No puede ser que a dos días de la entrada en vigencia de la ley, se pretenda aplazarla para los parlamentarios", dijo.
Jaraquemada recalcó que "el Congreso tuvo 10 meses para prepararse para aplicar la ley, es impresentable que ad portas de esta, pretenda modificarla".
"Con esta decisión, el Congreso demuestra que no estuvo a la altura de los estándares de transparencia exigibles en Chile y en la OCDE", dijo.
