Hasta el Servicio de Impuestos Internos, ubicado en Teatinos 120, llegaron esta mañana un grupo de diputados de RN: Alejandro Santana y Gonzalo Fuenzalidada -integrantes de las comisiones sobre el caso Penta y Campañas electorales- junto a las parlamentarias Marcela Sabat y Paulina Núñez.
Los parlamentarios entregaron una denuncia sobre eventuales infracciones tributarias en la emisión de facturas de la campaña presidencial de Michelle Bachelet.
El diputado RN Alejandro Santana dijo que "esta es una muy mala noticia para Chile, la Presidenta va a tener que dar cuenta de sus gastos de campaña y de si hay ilícitos o no. Queremos dar una señal potente de que nadie está por sobre la ley, esperamos que en las próximas horas el SII cite a quienes tiene que citar, a los encargados de la campaña y a las personas que emitieron esta boleta. Esto no lo podemos dejar pasar".
Por su parte, la diputada Paulina Núñez dijo que "con esto queda demostrado que urge una mayor transparencia en la rendición de las platas de las campañas. Lo que se está poniendo en duda es el visto bueno que dio el Servel a la rendición de la campaña". Los parlamentarios acusaron que se podría tratar de facturas "ideológicamente falsas".
La denuncia se suma al oficio solicitado por la UDI, donde ambos apuntan a la emisión de facturas por parte de Mariella Fernández, esposa del publicista José Miguel Carcavilla, quien estuvo a cargo de la propaganda de la abanderada de la Nueva Mayoría.
Ayer, una vez conocida la solicitud de la UDI de indagar las boletas emitidas por parte de la esposa de Carcavilla, el gobierno acusó un intento de "empatar" lo ocurrido con el caso Penta, donde se investigan eventuales aportes irregulares del grupo a campañas del gremialismo.
Hoy, los diputados de RN descartaron que la denuncia busque "empatar" al caso Penta y enfatizaron que corresponde a "su deber" como parlamentarios denunciar situaciones que "podrían configurar delito".
¿QUÉ PIDEN LOS PARLAMENTARIOS RN AL SII?
El escrito que entregaron los diputados RN -y al que tuvo acceso La Tercera- señala que "hemos tomado conocimiento de hechos que podrían constituir eventuales infracciones tributarias, y que involucrarían a doña Mariella Inés Fernández Melgarejo por la emisión de dos facturas a la campaña presidencial de doña Michelle Bachelet Jeria, ascendientes a la suma de 240 millones de pesos".
"En efecto, las facturas habrían sido emitidas por doña Mariella Fernández por concepto de asesorías y trabajos publicitarios, sin embargo los montos y la naturaleza de los servicios eventualmente prestados no dicen relación con la idoneidad profesional de la emisora, quien por lo que se informa carece de formación técnica o profesional. Más aun, llama la atención que de acuerdo a la correlación numérica de los documentos tributarios, se trataría de servicios inéditos, pues no hay facturas previas", señala el documento.
Tras entregar la denuncia, el diputado Fuenzalida dijo que "esta es la primera, segunda y tercera factura de una persona que no es publicista, que no se dedica al marketing ni a las asesorías comunicacionales, y pedimos que se investigue".
A su turno, la diputada Sabat manifestó que "estamos hablando de una cosa muy sospechososa, que tiene que ver con la preparación de la señora Fernández y el monto de las facturas".
Junto con esto, Sabat planteó que el domicilio que consta en la factura corresponde a un taller de prendas de vestir. "Es un antecedente que nos demuestra que hay que investigar".
En el escrito, los parlamentarios hacen hincapié en que Fernández es esposa de José Miguel Carcavilla, socio y director creativo de la agencia Porta, que prestó servicios a las campañas presidenciales de Bachelet en 2005 y 2013.
"De ahí que resulta pertinente solicitar la comparecencia al Servicio del señor José Miguel Carcavilla o del representante legal de la empresa Porta, con el objeto de requerir su testimonio", agregan.
El requerimiento señala que "los hechos relatados precedentemente podrían constituir infracciones a lo dispuesto en el artículo 97 del Código Tributario, lo que configuraría un ilícito penal que solo podría perseguirse en sede criminal previa denuncia o querella del Servicio en la medida que procediesen penas privativas de libertad".
"Por ello, y con el objeto de resguardar el interés fiscal y perseguir eventuales infracciones tributarias, acompañamos estos antecedentes para que usted evalúe la pertinencia de proceder contra los eventuales responsables en sede criminal o administrativa", concluyen.
Por todo esto, los legisladores piden que el SII estudie los antecedentes y "deduzca las acciones administrativas o penales si los hechos denunciados revistieren el carácter de delito tributario".
