Los diputados UDI, Cristián Letelier, Gustavo Hasbún y Arturo Squella emplazaron hoy al Partido Comunista a que exprese una condena pública a los actos de violencia que se producen en el país.
Respecto del caso de Luciano Pitronello, el diputado Squella expresó que "frente a este caso y también teniendo a la vista el clima de violencia que se está teniendo en torno a las manifestaciones particularmente convocadas por dirigentes estudiantiles, queremos hacer un emplazamiento público al Partido Comunista para que condene en forma pública los hechos de violencia que están ocurriendo en Chile".
"Cuando analizamos quiénes están detrás de los 168 atentados explosivos, estamos hablando de extremistas de izquierda; eso nadie lo podría discutir", aseveró.
En la misma línea, argumentó que "existe un segmento de los partidos o movimientos de izquierda que se dicen democráticos y, por eso, les hacemos un llamado a que públicamente condenen los actos de violencia".
Por su parte, el diputado Gustavo Hasbún planteó que "si ellos justifican la violencia como un medio legítimo para poder protestar, se convierten en cómplices. Si el PC y algunos partidos de izquierda relativizan estos problemas, justifican o avalan los actos de violencia, claramente tienen un grado de complicidad y responsabilidad".
DIPUTADOS PLANTEAN MODIFICACIONES LEGALES
Respecto de la resolución judicial en torno a Pitronello, el diputado Letelier afirmó que fallos de ese tipo se producen porque "esto es parte del sistema procesal penal que tenemos y que es malo", y anunció que , junto a Squella y Hasbún, prepara una serie de modificaciones legales, que en los próximos días serán presentadas al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Una de las modificaciones –para la que buscarán contar con el apoyo del Ejecutivo para que le ponga urgencia en su tramitación- apunta a restablecer la presunción considerada en la Ley Antiterrorista y que fue modificada en 2010, en el marco de la huelga de hambre que llevaba un grupo de comuneros mapuche.
En tanto que Hasbún reconoció que "fue un error" realizar dicho cambio legal "bajo presión", si bien precisó que "los legisladores tenemos la obligación de legislar, pero no impartir justicia. Y quienes han aplicado un criterio errado, son los jueces; quienes están dando señales equívocas a la ciudadanía son ellos; quienes están, con sus fallos, debilitando el sistema democrático no somos nosotros, son ellos".