Con bombos y platillos, el gobierno anunció este jueves un ambicioso plan de reestructuración del sistema carcelario. La construcción de cuatro nuevas cárceles, merced a una importante inversión, asoma como el punto estrella del proyecto. Sin embargo, al mismo tiempo y de forma coincidente, en el sur del país se hicieron públicos sendos reclamos de funcionarios por malos tratos de sus superiores.

Mientras en Osorno la asociación de suboficiales denunció hostigamiento y acoso laboral por parte de un oficial, al que denunciaron internamente por las vías oficiales, en Valdivia los funcionarios de la cárcel concesionada iniciaron una protesta indefinida -a la que calificaron de "huelga de hambre", pues se niegan a recibir la comida que les proporciona el recinto- por presuntos malos tratos por parte del comandante Ditter Villarroel, jefe operativo del penal.

Una situación que el diputado socialista Marcelo Díaz, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, calificó como "muy preocupante" porque "da cuenta de una enorme insatisfacción que hemos percibido. En la comisión a cargo de investigar lo ocurrido en la cárcel de San Miguel (el incendio que acabó con la vida de 81 reclusos), las asociaciones de funcionarios dieron cuenta de un estado interno de mucha agitación y convulsión tras la formalización de los gendarmes".

Según Díaz, los funcionarios "sienten que están expiando todas las culpas de un sistema que excede con creces las responsabilidades que les corresponden. Y aquí deben ejercerse todas las responsabilidades que correspondan y las autoridades tienen la suya, que es hacerse cargo de una situación crítica".

Su colega Cristián Monckeberg, de Renovación Nacional, es enfático al agregar que "si los funcionarios se están quejando por malos tratos, eso hay que investigarlo y sancionarlo rápida y drásticamente. Es un tema que el director nacional de Gendarmería (Luis Masferrer) debe abordar a la brevedad".

Eso sí, el diputado oficialista considera que estas molestias son un tema distinto al de un posible "olvido" de la situación funcionaria en la institución, pues "el tema de los gendarmes se abordó en forma importante en la ley que entró en funcionamiento a fines del gobierno de Michelle Bachelet y, además, el de Sebastián Piñera aceleró su puesta en marcha. Siempre podemos estar aspirando a mejores condiciones salariales y laborales de los gendarmes, pero no se les tiene olvidados".

A su juicio, "el gobierno tiene muy claro cuáles son los problemas, le pidió la renuncia a varios funcionarios y al mismo tiempo se están haciendo cambios importantes, sobre todo con el plan de cárceles que se acaba de anunciar. Creo que se están abordando los problemas de la manera más profesional posible, entendiendo que será muy difícil encontrar una solución para todos al mismo tiempo".

Díaz, no obstante, cree que "esa ley no ha resuelto todos los problemas que tiene Gendarmería" y que "la mesa está coja si no se abordan ahora todas las aristas de este asunto y una de ellas es reformar el servicio, que implica mejorar las condiciones de trabajo del personal y creo que esa es la tercera dimensión que está faltando. Y ojo, que tampoco hay que olvidar lo que ocurre en los centros del Sename, que tampoco han sido considerados".