Luego de conocerse que los reos que se encuentran en el penal Punta Peuco tienen jubilaciones que en promedio llegan a $ 1,6 millones, según información de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) obtenida por La Tercera a través de la Ley de Transparencia, distintas han sido las posturas en cuanto a reactivar el trámite legislativo para degradar a los militares en retiro que hayan sido condenados en casos de derechos humanos.
Actualmente en el Congreso existen dos iniciativas parlamentarias que buscan bajarles el grado militar a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan participado en crímenes vinculados a los derechos humanos. Esto podría traer como consecuencia que quienes se vean afectados con esta degradación obtengan una menor pensión. Sin embargo, para el director del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Branislav Marelic, de ser aprobados estos proyectos de ley, no podrían ser aplicados a los que ya están sentenciados por estos ilícitos.
¿Está de acuerdo con que condenados por casos de derechos humanos reciban pensiones que, en algunos casos, superan los $ 3 millones?
Los montos que se han conocidos son números altos. Sin embargo, según la normativa vigente, proceden ser entregados, por tanto uno no puede hacer un juicio sobre la legalidad de aquello, aunque uno podría tener dos percepciones con respecto a eso: la necesidad de realizar y perfeccionar nuestro sistema de pensiones para que personas no militares también puedan acceder a esos montos y esa estabilidad, y lo otro es que las víctimas de aquellas violencia también debieran ver ajustados su montos de reparaciones para que sean equivalentes a las de sus victimarios. Es importante también legislar en ese sentido, de reforzar los costos de reparación de quienes sufrieron los delitos cometidos por estas personas (condenados).
¿Debiese modificarse la ley y acelerarse el trámite legislativo sobre la degradación de los miembros de las Fuerzas Armadas?
Para el caso concreto de personas condenadas por crímenes de derechos humanos, y que actualmente cumplen una pena, no es posible, legalmente, quitarles sus pensiones, ya que no existe una viabilidad legal para que pueda ser aplicado retroactivamente. Entiendo que esto puede ser bastante preocupante, incluso indignante para los familiares de las víctimas, sin embargo no se puede hacer mucho. Lo que sí es importante es cambiar la legislación para que más adelante esto no vuelva a ocurrir, puesto que es muy importante hacer un balance en cuanto a las pensiones que reciben las personas civiles. Es mucha la diferencia y debiese aplicarse una diferenciación con quienes comenten delitos, pero la norma ya está y no puede ser retroactiva.
¿Cómo podría aplicarse una nueva legislación?
Debiera haber una degradación hacia el futuro, pues no aplicaría para quienes ya están condenados, porque es importante que este tipo de situaciones no vuelva a ocurrir. Pero también tenemos que dejar en claro que los derechos sociales, en este caso la pensión, no deberían ser homologados a la sanción penal. Si bien son probablemente muy cercanos en el caso de los militares, porque uno podría pensar que la pensión que ellos reciben, y el grado que recibieron, fue muchas veces violando los derechos humanos de otras personas, pero en este caso los derechos sociales van por carriles completamente diferentes a los humanos.
¿También debiera haber una iniciativa de las Fuerzas Armadas para que exista una degradación efectiva para los militares vinculados a delitos?
Más que iniciativa de las propias Fuerzas Armadas, esta es una regulación legal. Este debate se tiene que dar en el marco legislativo para que quede un registro legal sobre la materia, y así no se discuta cada vez que surgen antecedentes.
