El fortalecimiento de la sindicalización y de la negociación colectiva son algunos de los proyectos en materia laboral que está impulsando el gobierno de Michelle Bachelet y donde la Dirección del Trabajo (DT) jugará un rol importante en materia de fiscalización.

En ese contexto, el nuevo director de la entidad, Christian Melis, se ha enfocado en iniciar el proceso de modernización de la entidad que busca culminar el primer semestre de 2015 con un proyecto que actualice la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo y que aumente las atribuciones al organismo. Entre otros, aspira a dotar a la DT de mayores facultades en materia de fiscalización del cumplimiento previsional.

¿Cuáles serán los principales cambios que podría tener la Dirección del Trabajo?

Daremos lugar a un proceso de modernización institucional de la DT con dos objetivos claros. Por una parte, dotar de mayores atribuciones y facultades a la entidad y, por otra, identificar dentro de la institución las áreas que son más prevalentes: áreas de inspección, áreas de relaciones laborales -donde está todo el fortalecimiento de la sindicalización y de negociación colectiva- y las áreas de resolución de conflicto que son áreas clave para la institución. Es un proceso que estamos empezando y le pedimos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la asistencia técnica y queremos también la participación con diversos actores sociales durante este año.

¿Cómo se llevará a cabo el proceso participativo con los diferentes actores sociales?

Vamos a tratar de hacer encuentros con organizaciones sindicales, empresariales y actores relevantes del mundo del trabajo durante el segundo semestre del año. La idea es tener una propuesta de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo los primeros seis meses de 2015.

¿Cuáles son los límites que tiene hoy la Dirección del Trabajo?

Tenemos límites legales, somos un órgano de la administración del Estado y, como tal, estamos sujetos al principio de juricidad. Nuestro actuar tiene que corresponder a las atribuciones que la ley nos da (…). Otro límite tiene que ver con la decisión de los tribunales de justicia. Nuestras decisiones están sometidas al control de éstos y, por lo tanto, nos debemos apegar a lo que los tribunales nos dicen en relación con nuestra actuación.

¿Esta situación podría cambiar con el proceso de modernización de la entidad?

Es necesario perfeccionar los ámbitos de competencia. El sistema debería estar diseñado en términos de que nosotros podamos actuar, hacer calificaciones jurídicas sobre determinadas materias, pero que esas decisiones sean revisables por los tribunales de justicia. Lo que no podría pasar es que el sistema nos inhiba de actuar porque eventualmente estuviesemos invadiendo esperas jurisdiccionales.

¿Se van a modificar las atribuciones que tiene la DT en materia previsional, tomando en cuenta que la única competencia que tienen hoy es la de sancionar la no declaración oportuna de la cotización previsional?

Probablemente lo que debería pasar es que perfeccionemos los mecanismos para nuestra actuación en materia previsional. Hoy se actúa a petición de partes o con programas focalizados de fiscalización. Deberíamos avanzar a fortalecer los mecanismos de control de las cotizaciones previsionales, de manera que se trabaje de forma más modernizada frente a la no declaración de cotizaciones.

¿La Dirección del Trabajo se puede hacer parte de los procesos judiciales en materia previsional?

En materia previsional no tenemos titularidad judicial, que podría ser uno de los mecanismos que busquemos para los efectos de la modernización. De esta forma, nos interesa que no solo podamos sancionar la no declaración de la cotización, sino que poder denunciar en tribunales el no pago de las cotizaciones previsionales.

MultiRUT

¿Por qué no se cambió el concepto de empresa en la indicación al proyecto de MultiRUT que envió el gobierno?

Cuando uno tiene la problemática del multiRUT, lo que está detrás es la determinación de quién es el empleador verdadero. La figura consiste que a través de figuras formales, rut distintos, se difumina la persona del empleador y, por lo tanto, un trabajador no sabe con certeza quién es su empleador. Por ende, lo que importaba al final del día era determinar quién era el empleador y, a mi juicio, con la redacción actual del proyecto se determina la figura del empleador más allá del problema del rut. Cambiar el concepto de empresa significaba meterse en la discusión sobre los efectos tributarios que podría tener la eliminación de ese concepto, lo cual excedía el ámbito de competencia de este proyecto y podría complicar su tramitación.

De aprobarse el proyecto, ¿Cómo van a fiscalizar que las empresas cumplan con la normativa?

Vamos a tener una unidad especializada con fiscalizadores capacitados y facultados con herramientas de trabajo para estos efectos. Seguramente tendremos denuncias de actores sindicales y el trabajo se hará a través de dos vías. Una será el requerimiento del tribunal en la elaboración de informes. Sin perjuicio de eso, la entidad también podrá hacer informes si un sindicato pide una investigación previa al inicio del proceso en los tribunales de justicia.

Fiscalización de jornada laboral en puertos

Tras el paro portuario que se extendió durante tres semanas en enero y que tuvo entre sus detonantes la exigencia de los trabajadores del pago retroactivo de bonos por colación, el director del Trabajo, Christian Melis, señala que se está estudiando la posibilidad de que la entidad tenga una mayor participación para el control de la jornada laboral en los puertos del país.

La autoridad sostuvo que "es clave que los trabajadores cuenten con mecanismos eficaces de control y, por tanto, se está estudiando la viabilidad y la posibilidad de que la entidad tenga una acción más directa en la jornada de trabajo y no solo un control a través de la fiscalización".

Melis sostuvo que la idea es establecer un mecanismo de control de jornadas laborales que, eventualmente, lo pueda liderar la Dirección del Trabajo.