"El capítulo de Chile revela varios temas que están pendientes", dice la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer. A su juicio, si bien ha habido avances, "en un contexto global en el que cada vez hay más discursos discriminatorios, el informe es un llamado de alerta para que sigamos avanzando y no caer en esos discursos que apuntan a la división".
En el capítulo chileno se menciona mucho el uso de la fuerza policial. ¿Es lo más complejo?
Es un punto de preocupación para Chile desde hace muchos años. Prácticamente en todas las manifestaciones hay denuncias de uso excesivo de la fuerza, denuncias de golpes, de malos tratos en detenciones, de uso indiscriminado de los carros lanzaguas o de los gases lacrimógenos. Otro contexto en el que se da con frecuencia es en allanamientos en comunidades mapuches, donde también hay denuncias reiteradas de uso excesivo de la fuerza.
¿Por qué se destacan casos puntuales, como los de Juan Calfunao, Felipe Durán o la machi Francisca Linconao?
Porque también hay una preocupación a la criminalización al pueblo mapuche en las luchas territoriales. En el caso, por ejemplo, de la machi Francisca Linconao, ella estuvo casi un año en prisión preventiva con pruebas bastante débiles en términos de justificar la necesidad de esa prisión. Entonces, ahí hay preocupaciones por la mirada desde los derechos humanos y la manera en que se están llevando juicios contra mapuches, especialmente con la Ley Antiterrorista.
El informe también incluye la violencia en las marchas.
A nivel internacional, el uso de la fuerza está permitido de parte de las policías, por ejemplo, al momento de controlar la delincuencia, pero siempre se entiende que debe ser el mínimo necesario para conseguir un objetivo legítimo. Entonces, no puede significar afectar indiscriminadamente a todas las personas que están participando. Y eso es lo que se da muchas veces en Chile. Ahí es donde la fuerza pasa a ser desproporcionada.
También se menciona la "falta de voluntad" de países como Chile para investigar violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Si bien en Chile ha avanzado bastante en llevar casos a la justicia, hay barreras de acceso a la información y barreras legales, por ejemplo, en el hecho de que todavía esté vigente el decreto ley de amnistía en Chile, aunque hemos pedido su anulación desde hace muchísimo tiempo.
Hay también muchas alusiones a la despenalización del aborto. Se describe que en 2016 varias mujeres solicitaron asistencia médica por complicaciones derivadas de abortos inseguros. ¿Cuál es la información que tienen?
Hay información de prensa y en algunos casos hemos llegado a la información judicial. Hace un par de años lanzamos un informe, y una de las conclusiones era que la mayor parte de las mujeres que llegan a ser criminalizadas por abortar en Chile fueron denunciadas por sus médicos .
De hecho, se menciona en el informe que en el proyecto de despenalización que está en el Congreso se excluyó la prohibición de denunciar por parte de los doctores.
Es lo grave del asunto, porque pone a los médicos y a las matronas en un rol policial en que se podría privilegiar la denuncia por sobre el darle atención oportuna a la mujer y por resguardar su derecho a la salud y a la vida. Para nosotras sería muy importante que eso se pueda reponer en el Senado. Para Amnistía Internacional el aborto no debiera ser delito, debiera estar despenalizado en todos los casos y el Estado debiera asegurar a la mujer acceso a servicios seguros de salud.
