Directorio de SQM pone término a contrato de gerente general Patricio Contesse
En su reemplazo la instancia designó a contar de hoy a Patricio de Solminihac Tampler, señaló la compañía mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros.
El directorio de la minera no metálica Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) informó que en la sesión extraordinaria realizada este lunes acordó poner término al contrato de trabajo del gerente general Patricio Contesse González.
En su reemplazo la instancia designó a Patrico de Solminihac Tampler, quien asumirá partir de hoy, señaló la compañía mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
El anuncio se da luego que el directorio decidiera esta tarde no entregar la información contable correspondiente a los años comerciales de 2009 a 2014 que le solicitó el 6 de marzo el Ministerio Público, en el marco de las indagaciones que lleva adelante por eventual desvío de fondos para el financiamiento de campañas políticas.
En la sesión realizada el jueves pasado el directorio decidió en votación dividida encargar un "informe independiente en relación con la solicitud de entregar de manera voluntaria y en conformidad con las leyes vigentes la información requerida por el señor Fiscal Nacional Sabas Chahuán en su carta del día 6 de marzo de este año y que SQM recibió el día 9 de marzo".
La solicitud del informe fue aprobada por el presidente del directorio Julio Ponce y los directores Wolf von Appen, Juan Antonio Guzmán, Hernán Büchi y Patricio Contesse Fica.
Sin embargo, los directores ligados a Potash, José María Eyzaguirre y Alejandro Montero, propusieron "entregar voluntariamente y a la brevedad la información requerida por el fiscal nacional".
La reunión de la semana pasada de los directores de SQM se vio precedida de una acción legal de Patricio Contesse González, ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago con el objetivo de impedir que la Fiscalía realice nuevas incautaciones en la empresa.
La acción legal que fue rechazada por la Justicia, acusaba al persecutor de actuar sin atribuciones, al no contar previamente con una denuncia del SII que le permitiera ampliar su rango de acción más allá de julio de 2009.
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