La vicepresidenta  de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, criticó la decisión de la Corte Suprema de permitir que cinco militares condenados por violaciones a los derechos humanos cumplan sus penas en libertad.

La dirigenta calificó este hecho como "una burla para las víctimas" e indicó que esta decisión del máximo tribunal es una incongruencia por parte del Poder Judicial.

Los militares Angel Custodio y Sergio Arredondo fueron condenados a cinco años de cárcel remitidos; mientras que  Francisco Pérez, Leonardo Quilodrán y Daniel Walker recibieron una sentencia de cuatro años bajo el régimen de libertad vigilada.

Todos ellos fueron procesados y condenados por la muerte de  nueve opositores a la dictadura del general Augusto Pinochet.

Por su parte, Hugo Gutiérrez, diputado comunista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que las sanciones judiciales no tienen relación con la gravedad de los hechos.

Asimismo, la Corte Suprema decidió que tres de los condenados deberán indemnizar con 30 millones de pesos a cada una de las familias de las víctimas.