La intención del gobierno argentino de Mauricio Macri de abrir la discusión para reformar el código penal con tal de reducir la edad mínima de responsabilidad penal, de 16 a 14 años, puso en la agenda la realidad del continente en esta materia, donde destacan los casos de Trinidad y Tobago y de Granada, que tienen como edad mínima de imputabilidad los siete años. En el otro extremo está Brasil, donde la edad de imputabilidad criminal es sobre los 18 años.
En Trinidad y Tobago se considera como mayor de edad a quienes tienen más de 18 años. Entre los 16 y 14 años son considerados como jóvenes, y bajo esta última edad se les define como niños, por lo que no pueden ser condenados a prisión. Pero la ley local establece que desde los siete años se les pueden atribuir delitos, y la pena que se les aplica generalmente, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), es económica.
De todas formas, los menores que cometan delitos en Trinidad y Tobago (un archipiélago caribeño muy cercano a las costas de Venezuela, de 1,3 millones de habitantes) pueden ser sometidos a la autoridad de un profesor o tutor en un colegio internado o en un orfanato, pueden ser llevador a un lugar de detención (no una cárcel) y, aunque se pretende cambiar está legislación, se permiten los azotes: hasta 12 golpes los mayores de 12 años y hasta seis golpes los menores de esta edad.
En todo caso, en buena parte del Caribe y América Central y también en México la edad mínima de responsabilidad penal es inferior a los 12 años, es decir, por debajo de lo recomendado internacionalmente. El Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño "ha llegado a la conclusión de que la edad mínima de responsabilidad penal de los menores de 12 años no se considera aceptable en virtud de las normas internacionales", sostiene el informe del año pasado de Unicef bajo el título "Las edades mínimas legales y la realización de los derechos de los y las adolescentes".
De hecho, recomienda que la tendencia sea aumentar la edad mínima de imputabilidad criminal. Así, "según el Comité, 14 o 16 años de edad representan la edad mínima de responsabilidad penal 'recomendable' de conformidad con los requisitos de la Convención". Así, la reducción que pretende el gobierno transandino aún se mantendría dentro de lo "recomendable". Lo mismo sucedió en Chile en 2007, cuando bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
En Sudamérica, la amplia mayoría fija este límite legal en los 14 años siendo la excepción Ecuador, que la sitúa en 12 años, Uruguay, donde es de 13, Argentina, todavía en 16 y Brasil, en 18. Además, en la Guayana Francesa, Guyana y Surinam, se ubican en la línea de los países isleños y caribeños con una edad mínima de responsabilidad penal de 10 años.
