El gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostró sus divisiones frente al tema de los derechos  humanos y los alcances de la Ley de Amnistía de 1979, que impide  el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad a militares y  civiles que participaron de la dictadura (1964-1985).

El ministro de Justicia, Tarso Genro, entró en polémica con  su colega de Defensa, Nelson Jobim, quien calificó cualquier intento de investigación de crímenes como la tortura  como un "espíritu de revanchismo" contra los militares.

"Los delincuentes que practicaron la tortura no pueden ser  beneficiados por la amnistía, porque la tortura no es un crimen  político, sino un crimen contra la humanidad", dijo el ministro  Genro ante una comisión del Congreso para discutir sobre las  indemnizaciones para las víctimas del régimen militar.

La dictadura brasileña causó cientos de miles de detenidos  que fueron torturados y entre 200 y 300 personas que terminaron  muertas o desaparecidas.

La Ley de Amnistía de 1979 dictada por la propia dictadura  permitió la apertura política en el país pero también fue  interpretada como un autoperdón de las Fuerzas Armadas por los  crímenes cometidos durante el regimen de facto.

La disputa interna en el gobierno se produce a la espera de  que Supremo Tribunal Federal determine sobre los acusados por  torturas durante el régimen, una demanda presentada por la  Orden Nacional de los Abogados (OAB).

La OAB sostiene que Brasil adhirió a tratados internacionales  contra la tortura, delito al que se enmarca como  imprescriptible.

El ministro de Defensa propone que la vigencia de estos  tratados no pueden ser retroactivos.