¡Paolo al Mundial, Keiko al penal!", gritaron la noche del miércoles cientos de personas que se reunieron en el centro de Lima en una marcha antifujimorista, en la antesala de la votación sobre la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. La consigna, que alude a que Paolo Guerrero sí podrá jugar en Rusia en 2018 y a la posibilidad de que el escándalo Odebrecht termine por llevar tras las rejas a Keiko Fujimori. Pero también los ánimos por estos días en Perú han confirmado, una vez más, que la política peruana está completamente judicializada.
Perú ha sido una de las estrellas emergentes del continente en cuanto a crecimiento económico, pero al mismo tiempo el refrán "roba pero hace obras" lleva años instalado en la sociedad peruana. Una encuesta de Ipsos de 2014 reveló que el 59% de los limeños estaba dispuesto a permitir que el futuro alcalde de su ciudad robara, pero que hiciera obras.
El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción que afecta al menos a 12 países de América Latina, ha generado un terremoto político en Perú con réplicas tan potentes como inéditas. El escándalo por el pago de US$ 800 millones en sobornos por parte de la constructora brasileña ya mandó a la cárcel a Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, ha complicado a Alan García y a Keiko Fujimori -en distintos niveles eso sí-, mientras que Alejandro Toledo está prófugo de la justicia y PPK tiene por delante un futuro incierto.
En Perú, Odebrecht pagó US$ 29 millones en sobornos entre 2005 y 2014, años que abarcan los períodos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
En el caso de los Humala, en julio pasado fueron condenados a 18 meses de prisión preventiva por el supuesto delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, confesó que entregó US$ 3 millones en efectivo a los Humala en el marco de la campaña de 2011 por encargo del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva. También los Humala habrían recibido dinero "ilícito" de Venezuela en la contienda de 2006. Nadine Heredia, aún más cuestionada que su esposo, ha dicho que "no he recibido coimas ni sobornos".
Toledo, por su parte, habría recibido sobornos por US$ 20 millones, aunque el ex mandatario ha insistido en que hay una "cacería de brujas" en su contra.
El caso de Alan García es distinto. El ex Presidente aprista no tiene prohibición de salida de su país, pero ha debido declarar como testigo porque hay ciertos indicios de que Odebrecht habría pagado sobornos a funcionarios durante su gobierno para la licitación del Tren Eléctrico. "Recibí cientos de empresarios peruanos y extranjeros deseosos de invertir en el Perú, y así logramos impulsar un crecimiento promedio anual de 8%. A otros han comprado. A mí, no", dijo en mayo pasado.
A su vez, Keiko Fujimori ha postergado tres veces una citación judicial después de que el Ministerio Público (fiscalía) inició una investigación por supuestas irregularidades en el financiamientos de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
¿Cómo se explica que los principales líderes del país estén tan cuestionados, varios de ellos en la cárcel, además de Alberto Fujimori, quien cumple una pena de 25 años de cárcel por violaciones a los DD.HH. durante su régimen?
Fernando Vivas, columnista del diario El Comercio, tiene la siguiente tesis: "Por un lado es una situación que deprime a muchos, porque es la constatación que no sólo hay Presidentes muy vulnerables a la corrupción o a negociaciones incompatibles por sus cargos, sino porque la política está extremadamente judicializada, entonces hay un castigo muy severo con los políticos".
"En el caso de Humala y Toledo no hay sentencias, pero hay órdenes de prisión preventiva. Hay también quienes pensamos que esta crisis de políticos, revela que sí hay instituciones sólidas que van más allá de las personas y que están haciendo su trabajo, como el Ministerio Público (fiscalía) y el Poder Judicial", señala a La Tercera.
Para el escritor, periodista y columnista de este diario, Alvaro Vargas Llosa, "el problema general es la enorme fragilidad institucional del país, de la que es parte la debilidad de los sistemas de control y vigilancia pero que también tiene mucho que ver con la conducta específica de las distintas personas".
A juicio del analista político limeño, Luis Benavente, "la corrupción ha dominado totalmente la política peruana. También sucede a nivel subnacional, como muchos ex gobernadores, alcaldes provinciales y alcaldes distritales en la cárcel o en procesos fiscales y judiciales".
