Los dueños del jardín infantil Mandarino, donde la tarde del martes falleció el pequeño Borja López, de casi tres años de edad, tras quedar encerrado en el automóvil de una educadora del establecimiento, señalaron que acatarán la decisión de la municipalidad de Huechuraba de clausurar el centro educativo.

En las puertas del jardín, los dueños Gabriela Laval y su esposo, Cristian Izquierdo, leyeron una declaración pública en la que expresan su dolor por la tragedia.

"No es posible explicar con palabras todo el dolor que sentimos como comunidad. Hemos llamado a los padres del menor para dar nuestro pésame. Acatamos la decisión de la municipalidad, pues esa decisión apunta a proteger a todos los niños", señaló Laval.

Su marido, en tanto, dijo que "no estamos en condiciones de dar mas antecedentes, solamente pedirles seriamente que tengan compasión con todos nosotros, con las tías del jardín, y que recen. Especialmente los papás que nos conocen y que saben cómo nos hemos manejado estos 16 años".

SITUACION JUDICIAL DE PARVULARIA
La Corte de Apelaciones de Santiago decidirá mañana el futuro de Eugenia Riffo, la parvularia acusada de homicidio por omisión por la muerte del menor.

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, estableció ayer la medida cautelar de prisión preventiva para Riffo, quien quedó internada en la enfermería del Centro Penitenciario Femenino.

Dicha medida será sometida a revisión este viernes por el tribunal de alzada, instancia que deberá ratificar si la parvularia permanece en la enfermería, o se le otorga el beneficio de la firma quincenal y arraigo nacional mientras se realiza la investigación de 90 días.

Para esta jornada, se espera conocer la sala donde mañana la defensa de la educadora, la parte querellante (el abogado Alfredo Morgado) y la Fiscalía Centro Norte; discutan la medida cautelar, considerando el estado sicológico en que se encuentra la mujer.

Por otro lado, el Juzgado declaró inadmisible la querella interpuesta por el Sename. El tribunal justificó su medida, indicando que el niño no sufrió un atentado en cuanto a sus derechos fundamentales, ya que es un niño que posee familia y padres que tienen un querellante en la causa.