“Tú crees que se pueda un raspado de la olla para los últimos 100 m de campaña”. Este es un correo electrónico que el senador UDI Iván Moreira envió al ex ejecutivo de Empresas Penta, Hugo Bravo, el 29 de octubre de 2013. El registro de esta comunicación se encuentra en poder de la Fiscalía Nacional y es una de las evidencias que han empleado los persecutores para intentar acreditar presuntos delitos tributarios en el marco del caso Penta.

El rastreo de las comunicaciones electrónicas cada día toma mayor protagonismo en las causas penales. El subcomisario Danic Maldonado, de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, señala que “hoy, en casi todas las causas, en distintos tipos de delitos, aparece en algún minuto un correo electrónico. También puede haber un mensaje de texto, algún mensaje a través de una red social”.

Para Hernán Fernández, director (S) de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, “el correo electrónico se constituye en una de las piezas clave de cualquier investigación, en el contexto de que un juicio es como un rompecabezas que se va armando con distintas pruebas”. Entre los aportes investigativos de esta prueba, explica Fernández, está el poder contrastar versiones de testigos. “Podría suceder que alguien declara y diga: ‘yo no conozco a fulano’, pero nosotros encontramos un correo electrónico en que el sujeto se comunica con ‘fulano’. Entonces, ese correo va a apuntar a la credibilidad de ese testigo”.

El directivo agregó que “los e-mails también nos permiten fijar a veces fechas, reuniones, hechos. O a veces se envían documentos muy interesantes. En las investigaciones por delitos de corrupción, por ejemplo, se envían boletas de honorarios, informes, todo tipo de documentación”.

Fernández hace una salvedad: “Excepto que se diga algo tan evidente como que ‘mañana voy a matar a una determinada persona a las 3 de la tarde’, es muy extraño encontrar la evidencia de que se está ejecutando un delito. Las causas no se prueban con un solo antecedente”.

Al respecto, José Pedro Silva, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Católica, indica que “hoy los correos electrónicos son fundamentales, porque dan cuenta fidedigna de las comunicaciones reales existentes entre las partes, y mientras que no sean impugnadas en cuanto a su validez, los jueces penales tienen libertad para apreciar el valor probatorio”.

¿Cómo acceder a los correos?

El subcomisario Danic Maldonado detalla que para acceder a esta plataforma se debe contar con la autorización voluntaria del dueño de la casilla de correo, o bien una orden judicial. Luego, usando tanto un software como un hardware especializado en el tema forense, se hace el chequeo físico del computador o servidor.

El PDI agrega que “una casilla funciona igual que una caja, en la que en su interior hay una serie de carpetas o archivos. Lo primero es intentar rescatarla y luego se somete a un proceso de análisis forense informático, mediante funciones automatizadas para el efecto de búsqueda de información específica”.

Según el detective, es prácticamente imposible realizar una búsqueda manual, pues hay cuentas que tienen más de cinco millones de correos.

El policía cuenta que hay una valla que aún no pueden pasar: el contenido “que esté alojando en casillas electrónicas extranjeras (...). Eso significa que aunque existe una orden o una instrucción de un tribunal chileno, las empresas que están fuera del territorio nacional no entregan, por política, contenido de esas casillas de correo. Lo único que se puede obtener es los registros de acceso, creación o gestión de esa casilla en particular”.

E-mails de autoridades

La Ley de Transparencia también ha sido invocada para intentar acceder a correos electrónicos. Esta petición solamente podría aplicarse a las casillas de funcionarios públicos.

En 2012 y 2013, el entonces ministro secretario general de la Presidencia Cristián Larroulet libró una verdadera batalla en este sentido, pues a través de esta vía intentaron acceder a su correspondencia.

En 2012, una resolución del Consejo para la Transparencia falló a favor de obligar a Larroulet a entregar los correos que mantuvo entre el 18 y 21 de julio de 2011. Meses después, la Corte de Apelaciones revocó esta medida y, en 2013 se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir la decisión de alzada. El máximo tribunal declaró inadmisible la petición y mantuvo la privacidad de estas comunicaciones.

Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia, recordó que existe otro caso en que sí se accedió a la correspondencia. Se trató de oficios emanados del Ministerio de Transportes y del equipo de Transantiago, relacionados a las modificaciones de los contratos. Ahí, la Corte Suprema estableció que era información pública.

ALGUNAS COMUNICACIONES INDAGADAS

Moreira y "los metros finales"

El miércoles 25 de septiembre de 2013, el senador UDI Iván Moreira envió un correo electrónico al ex gerente de Penta Hugo Bravo, solicitando ayuda monetaria para la campaña parlamentaria. En este mensaje escribió: “Para los 1.000 metros finales, ¿queda algún cupón de combustible? Avísame. Un abrazo y mi gratitud para toda la vida”.

El 29 de octubre, el senador envió un nuevo correo a Hugo Bravo. En éste decía: “¿Tú crees que se pueda un raspado de la olla para los últimos 100 m de campaña”.

La fiscalía ha indagado boletas de asesores de Moreira que habrían sido los receptores de los aportes del gerente de Penta.

La senadora y la deuda

Entre los correos incautados por los fiscales en el marco del caso Penta estaba una comunicación de la senadora UDI Ena von Baer al controlador Carlos Alberto Délano. Ahí, la parlamentaria escribió el 18 de diciembre de 2013 que, tras las campañas en Santiago y en Valdivia, “he quedado con una importante deuda. Esto se debe a la deuda de la campaña de Santiago y, además, a que la UDI recortó en 50 millones el aporte que había comprometido. Bueno, y ahora tengo que tratar de cubrir una deuda de alrededor 100 MM. Espero que me puedas ayudar, espero con ansias tu respuesta”.

El mensaje está en la carpeta investigativa del caso.

Los 32 de Fulvio Rossi

El 1 de septiembre, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidió a un tribunal ordenar al Servel informar sobre aportes realizados a 32 candidatos. Esto porque se reveló un correo del senador PS Fulvio Rossi, enviado al ex gerente de SQM Patricio Contesse, en que enumeraba candidatos y montos de dinero.

El mensaje dice así: “Estimado Patricio: de acuerdo a lo conversado te envío listado de candidatos y candidatas. Te reitero mis sinceros agradecimientos”.

Chahuán pretende “determinar si los candidatos recibieron dicho aporte a través del mecanismo formal y válido (...) o lo hicieron empleando otro mecanismo”.

Los aportes a "Don Marco"

En el marco de la indagatoria del caso SQM se detectaron comunicaciones entre Katherine Bischof, ex secretaria de Patricio Contesse, y Cristián Warner Villagrán, ex secretario general del PRO. Ahí se estableció que tras una cita entre Contesse y Marco Enríquez-Ominami, la secretaria mandó un correo el 16 de enero de 2012 a Warner sobre un “nuevo aporte” de US$ 250 mil. El ex directivo del PRO le preguntó a la secretaria si el monto era adicional a los $ 4 millones que SQM ya le pagaba. Bischof respondió: “Don Marco debe tenerlo claro, ¿o no?”. A esto, Warner respondió: “Marco me comentó claramente que eran adicionales”.

Suplantación de ministro

El lunes 23 de febrero, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, interrumpió sus vacaciones porque un antecedente del caso Caval lo vincularía directamente. Se trataba de un correo electrónico donde supuestamente le escribía a Natalia Compagnon por los terrenos en Machalí. El texto decía: “Recibí tu correo y estoy a tu disposición, conocí a don Victorino y me pareció una persona muy correcta (...). Además, me gustaría conocer la ficha técnica del proyecto para poder interiorizarme del tema en cuestión. Cuídese mucho Natalia y cuente conmigo para lo que sea”. Se determinó que el correo era falso y se indaga quién lo elaboró.

El mensaje que rebotó

En febrero de 2003, el entonces presidente del Banco Central Carlos Massad encontró en la bandeja de entrada de su correo electrónico un mensaje que había rebotado. Esta comunicación tenía información interna y privada de la entidad, y había sido enviada al gerente general de Inverlink Corredores de Bolsa, Enzo Bertinelli.

La investigación determinó que la persona que mandó el correo había sido la propia secretaria de Massad, Pamela Andrada, quien había recibido un pago de $ 42 millones para realizar esta operación. La mujer fue condenada a cuatro años de prisión por la filtración, como autora del delito de cohecho.

CNA y el “sobrino nieto"

El correo electrónico fue enviado el domingo 27 de junio de 2010. Ahí, el entonces presidente (S) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz, le escribió a quien en esa fecha ocupaba el cargo de rector de la Universidad Autónoma, Teodoro Ribera, y quien después sería ministro de Justicia de Sebastián Piñera.

En la comunicación, además de pedir una beca, Díaz escribió que “te envío los datos de mi sobrino-nieto que estudia Kinesiología en la Universidad San Sebastián de Santiago. Como te decía, él es de Cauquenes y no ha podido acostumbrarse a Santiago, por lo que quisiera trasladarse a Talca”.

Correos con los guerrilleros

Las autoridades de Colombia elaboraron un documento que revelaba que, entre 2004 y 2006, hubo contactos vía correos electrónicos entre miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y grupos mapuches. El documento también daba cuenta de intercambio de comunicaciones del grupo armado con militantes del Partido Comunista.

En un mensaje del 30 de marzo de 2006, el fallecido número 2 de las Farc, Raúl Reyes, le escribió a un hombre identificado como Roque -quien sería miembro del PC- que “precise detalladamente con los compañeros mapuches su interés en recibir la experiencia nuestra”.

La jugada de Chevesich

Hasta la Corte Suprema tuvo que intervenir. Así de alto escaló la diligencia que, en octubre de 2004, realizó la entonces ministra en visita Gloria Ana Chevesich, quien investigaba el llamado caso MOP-Gate, en que se indagaban pagos de coimas a funcionarios públicos.

En el marco de estas pesquisas, Chevesich incautó los correos electrónicos, y sus respaldos, desde la Coordinadora General de Concesiones entre 1997 y 2000. Los funcionarios de esta repartición acudieron al máximo tribunal, por considerar que sería una invasión a la privacidad. Finalmente, se estableció que la diligencia había sido realizada de acuerdo a la ley.