Considerando que para el éxito del próximo Censo a realizarse en abril de este año se requiere de la participación de poco más de 500 mil censistas voluntarios, el Ejecutivo ha desplegado toda su artillería para lograr reunir esa cantidad.
En este marco, un apoyo clave para el gobierno son los funcionarios del servicio público, quienes de acuerdo a la ley vigente, están obligados a participar de este operativo.
Sin embargo, y a pesar del mandato, el ministerio de Economía prefirió insistir en este sentido emitiendo una resolución que apunta a un porcentaje mínimo que debe ofrecer cada servicio del Estado para el Censo.
"Los jefes de servicio o representantes legales de empresas públicas, deberán enviar una nómina de los funcionarios y empleados públicos que participarán en las actividades del Censo 2017 al Instituto Nacional de Estadísticas, hasta el 15 de diciembre del presente año (2016), lo que deberá contemplar al menos el 95% de la dotación efectiva del servicio", exigió el ministerio mediante la resolución 189 publicada en el Diario Oficial el martes pasado.
En este sentido, y a poco más de un mes de la solicitud, desde Economía informan que este proceso se realizó en 150 servicios públicos, y que por ahora se encuentran analizando los casos que se eximirían del proceso, como aquellos trabajadores que cuentan con licencias médicas, permisos parentales, etc.
En esta línea, la Contraloría General de la República emitió un dictamen el pasado 26 de enero para definir el alcance de la medida, detallando que esta incluye a todos los organismos que cumplen la función administrativa del Estado, "sin distinguir si son dependientes o independientes del nivel central, o si gozan de autonomía en el cumplimiento de sus funciones, como sucede, a modo de ejemplo, con las municipalidades, el Banco Central y la Contraloría General de la República".
El documento afirma que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) tiene la facultad de solicitar a cualquier organismo "la intervención efectiva de personal de su dependencia en el desarrollo de las encuestas, estadísticas y censos oficiales que dicho servicio público deba realizar".
Sobre este punto, desde el Ministerio de Economía insisten en que, a pesar de estos mandatos, no se apela a la "obligatoriedad" de la participación de los trabajadores del Estado, sino que a la "responsabilidad funcionaria".
"La participación de los funcionarios, tal como lo ratificó la Contraloría General de la República en un reciente dictamen, es una responsabilidad funcionaria o carga pública, ya que su prestación va en beneficio del interés general de la comunidad", afirmaron desde Economía.
Cabe destacar que, a diferencia de los ciudadanos que se inscriben como voluntarios en el Censo, los funcionarios públicos no recibirán una compensación monetaria, aunque sí un descanso complementario, incluido en el presupuesto de 2017.
