Fue en las reuniones del grupo Tantauco, comando de Sebastián Piñera para la campaña presidencial de 2009, cuando se comenzaron a gestar los lineamientos de lo que sería la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, instancia que resultó en la ley que empujaron el ex subsecretario de Economía Tomás Flores y quien sería la autoridad de quiebras, Josefina Montenegro. De acuerdo a Flores, el diagnóstico sugería que en Chile era crucial facilitar el proceso de "nacimiento" de las empresas, pero también de su "muerte".

¿Cuál fue el motivo para proponer esta nueva institucionalidad para las quiebras?

Cuando hicimos el programa de gobierno, la misión era tratar de hacer más amistoso el ecosistema para el emprendedor. Para eso, teníamos que facilitar la creación de las empresas, lo que se tradujo en la ley de empresa en un día. Pero en la otra punta, debíamos hacer más fácil "morir", es decir, que cuando un emprendimiento fracase se pueda resolver rápidamente esa insolvencia. Así, los emprendedores pueden volver al mercado y los bienes o máquinas involucradas también lo hacen. En el sistema antiguo las quiebras demoraban más de cinco años, y ahí todo se paralizaba.

En el informe de competitividad del Banco Mundial, el Doing Business, el cambio de la ley se reflejó en un mejor ranking para Chile.

Cuando planificamos el cambio en la ley nos fijamos mucho en el ranking que ocupaba Chile en el contexto internacional y, efectivamente, lo peor evaluado era quiebras. El procedimiento era un juicio y dependía del Ministerio de Justicia. Colombia dos años antes había hecho una reforma en esta dirección, y de ahí tomamos un par de ideas, pero cambiamos la dependencia del servicio público a la cartera de Economía. Eso por el cambio de visión del rol del servicio, siendo que resuelve un problema económico.

Pese a los avances, entre las cifras que entrega la superintendencia destaca que un 90% de las empresas que se acogen al procedimiento liquidan sus bienes.

En el caso de la legislación anterior, el proceso llevaba inmediatamente a una liquidación de los activos, a través del síndico. En esos casos, solo si éste era relativamente hábil lograba salvar a la empresa y la reorganizaba. Hoy, la ley coloca como primera posibilidad la renegociación, proceso que lidera un veedor.

¿Pero por qué solo un 10% de las empresas ha logrado reordenarse y continuar operando?

Es cierto que no da mucha esperanza, en el sentido de que haya ganado la reorganización, pero esto se da porque en muchas de las empresas en liquidación el activo que se está retirando de la compañía es uno esencial. Habitualmente, el propio emprendedor.

En este caso, sería interesante saber cuánto costó la operación, cuánto demoró y cuánto fue el monto recuperado por los acreedores. El dato del Banco Mundial (BM) es generado a través de encuestas propias, no es un dato entregado por la superintendencia. Deberíamos medir esto, porque permite saber si la ley está cumpliendo con el objetivo original. Hasta ahora el BM muestra que se están logrando, en parte, los objetivos, aunque no sabemos si actualmente se recupera un mayor monto de la deuda. El monitoreo sistemático de estos datos permite saber qué mejorar.

Viendo que los procedimientos de liquidación de bienes en las empresas más que se duplican entre 2015 y 2016, ¿cree que hay una relación con la desaceleración económica?

Cuando estudiamos la ley vimos que, en general, hay una correlación estrecha entre el aumento de los procedimientos con el ciclo económico. Es la caja de las empresas la que finalmente prende la luz de alerta para emprendimientos que no son capaces de atravesar el "valle de la muerte".

¿A qué refiere este concepto?

Es un punto donde se tienen claros los costos, pero los ingresos no se dan como se esperaba. Si no tiene el capital de trabajo suficiente para resistir el valle de la muerte, la empresa va a quebrar. En economías que crecen poco, ese valle puede ser más largo y profundo.

Y viendo el número de casos que ha acogido la Superir, ¿se ajusta a lo que proyectaron en su momento?

En el caso de empresas, recuerdo que el sistema estaba pensado para acoger 3.000 compañías, sumando procesos de liquidación y reorganización. Claro que en un proceso de recesión eso se podía multiplicar varias veces.

¿Le parece que va cambiando la cultura del país respecto del proceso de la quiebra?

Un problema que tenemos en América Latina es que la quiebra está asociada al fracaso, con una connotación casi de fraude. En cambio, en EE.UU. los emprendedores ponen en su currículum cuántas veces han quebrado. Eso les sirve, porque cuando van a pedir dinero para un nuevo proyecto, el que presta ve experiencia detrás.