No sólo cambios a la institucionalidad del sistema político considera el capítulo Nueva Constitución del programa de gobierno de la candidata presidencial Michelle Bachelet.

Entre otros puntos, la propuesta contempla que en la nueva carta magna al Banco Central (BC) se le reconoce la autonomía, sin embargo "la ley establecerá la medida de la autonomía y la configuración de sus competencias".

El abogado y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Atria, que integra el equipo constitucional del comando de Michelle Bachelet, explicó por qué se llegó a dicho punto.

"En la comisión se discutió que hay una anomalía en el BC. El problema no es que sea un órgano autónomo, sino que ellos pueden tomar decisiones que tienen consecuencias graves, como pasó con la crisis asiática, y sin embargo no son responsables por sus decisiones. Eso es políticamente inaceptable. O sea, hay que ampliar la acusación constitucional a los consejeros del Banco Central", explicó Atria a revista Qué Pasa.

El brusco freno de la actividad económica durante la crisis asiática se debió, en parte, al alza sustantiva de las tasas de interés que el instituto emisor aplicó al comienzo de la crisis, llegando a 8,50 puntos base.

CRITICAS

De inmediato, la propuesta del programa constitucional de Bachelet fue leída en el mercado como un intento de restringir la independencia del órgano emisor.

"Me parece peligroso que se intente modificar la institucionalidad que regula al Banco Central. La experiencia con un instituto emisor independiente lleva casi 25 años vigente y creo que unánimemente ha sido considerada como exitosa, de manera tal que no parece justificado, ni necesario realizar cambios que vayan en ninguna línea profunda de modificar las facultades o las responsabilidades del BC", señaló el gerente de estudios de Gemines Alejandro Fernández.

El economista explica que "la experiencia de la crisis asiática puede ser discutible, pero el caso de la crisis financiera del año 2008 ha sido considerada muy satisfactoria, muy positiva desde el punto de vista de lo que el Banco Central realizó, por lo tanto me parece que cualquier intento de politizar sería negativo y podría dañar o debilitar la institucionalidad vigente".

Desde el comando de la candidata Evelyn Matthei, su jefe programático Felipe Morandé también rechazó el planteamiento.

"Veo con un ojo muy crítico esa propuesta, porque el Banco Central es autónomo y justamente sobre la base de esa autonomía puede tomar decisiones, que a veces pueden ser duras, sin necesariamente estar temeroso de las consecuencias políticas que ello podría tener. Creo que sería una mala idea tener un Banco Central donde los partidos políticos le pautearan que hacer con su política monetaria, en cuanto a bajar la tasa de interés, de acuerdo al gusto del gobierno de turno y de las presiones políticas", dijo el experto.

Según Morandé, la acusación constitucional contra los consejeros del Banco Central sí está contemplada en su ley orgánica por abandono de deberes.

Sin embargo, precisó que "pudiera alguien esgrimir el argumento de que un aumento de tasas desproporcionado hace merecedor al consejo del BC de ese tipo de acusaciones. Pero claramente no está en el espíritu del legislador, ni el sentido común, que cada vez que el Banco Central piense en endurecer su política monetaria tenga que a la vez pensar cuales van a ser las consecuencias que tendrían para cada uno de los consejeros esa decisión. Ese es un límite odioso a su autonomía y que perjudica el interés y el objetivo del Banco Central en términos de tener una inflación baja y estable, que es su gran contribución al bienestar de la población".

En tanto, un académico vinculado a uno de los partidos de la Nueva Mayoría opina que "la independencia del Banco Central nos ha dado buenos resultados, entonces como dicen los norteamericanos if it ain't broke, don't fix it (si no está roto, no lo arregles). Yo no veo que aquí haya un problema serio (en el BC), entonces no sé para que meterse a arreglarlo".

De acuerdo a su ley orgánica constitucional, el Banco Central es un organismo autónomo y de rango constitucional, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos en Chile; para ello tiene diversas atribuciones en materias monetarias, financieras, crediticias y de cambios internacionales.

En octubre de 1989, se concretó la autonomía del ente emisor mediante la ley Nº 18840, por lo que no está sujeto ni a la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR) ni a la de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif). Tampoco forma parte de la administración del Estado. Uno de los principales gestores de ese cambio institucional fue el economista y ex ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.