La iniciativa del presidente Rafael Correa de convocar a una consulta popular para efectuar reformas a la Constitución y a las leyes recibió este martes el asentimiento de la Corte Constitucional.

Las 10 preguntas planteadas por el gobierno para ser incluidas en la consulta fueron aprobadas por la Corte, con ciertas modificaciones que no alterarían lo esencial de la propuesta del mandatario.

Así, los ecuatorianos deberán acudir a las urnas para responder, entre otras cosas, si están de acuerdo con una restructuración del sistema judicial, con una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación a los medios, o con que se prohíban los juegos de azar y los espectáculos donde se mate a animales, como es el caso de las corridas de toros.

Entre las preguntas además se plantea modificar la caducidad de la prisión preventiva y limitar las inversiones de los banqueros y los medios de comunicación nacionales de carácter privado a sus respectivos ámbitos.

Las preguntas aprobadas por la Corte están divididas en dos grupos. Cinco de ellas implican enmiendas a la Constitución, la cual fue aprobada en 2008 con el impulso del presidente Correa y su agrupación política Alianza País. Las otras cinco preguntas conllevan cambios a la legislación vigente.

"Las enmiendas a la Constitución tienen luz verde", dijo el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, tras la decisión de su organismo de aprobar un informe sobre las reformas a la Constitución elaborado por el juez Patricio Herrera, en el cual se preservó lo esencial de las preguntas diseñadas por el presidente Correa. Esto contrastó con las expresiones de la magistrada Nina Pacari, quien señaló que la decisión del tribunal "fue una decisión política, más que jurídica".

Pacari fue parte de una minoría dentro de los nueve jueces del tribunal que se pronunció en contra de los planteamientos del Ejecutivo.

A las urnas en abril
La Corte Constitucional notificará este miércoles su resolución al presidente Correa, quien de aceptar los textos finalmente aprobados por dicho tribunal, deberá emitir un decreto ejecutivo para la realización del plebiscito. Luego de ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispondrá de siete días para convocar a la consulta popular y de otros 60 días para llevarla a cabo.

De acuerdo con estos plazos, la consulta popular podría efectuarse a fines de abril, y tendría, según cálculos del CNE, un costo de unos US$28 millones.

Este martes, horas antes de la decisión de la Corte Constitucional, el presidente Correa había manifestado que respetaría la resolución del tribunal sobre la consulta popular. "Se acogerá sin lugar a dudas lo que resuelva la Corte", dijo el mandatario.

El presidente ha empezado a esbozar parte de la reforma al sistema judicial que buscaría impulsar con el referéndum. "Ya tenemos determinados cuántos jueces más se necesitan, cuántos tribunales, el costo, etcétera. Incluso ya estudiamos un sistema de pago de remuneración de los jueces por indicadores de eficiencia", dijo este martes el mandatario, quien semanas atrás había señalado su intención de "meter las manos (en la justicia)", "por el bien del pueblo ecuatoriano".

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Entre tanto, este martes por la mañana, el político opositor, y ex presentador de televisión, Carlos Vera, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, para señalar, según la agencia EFE, que la consulta popular busca "consagrar en Ecuador una dictadura similar a la del presidente Hugo Chávez en Venezuela".

Según dijo Vera, el referéndum, "versa sobre medidas totalitarias". El jurista Roberto López, quien se presentó ante la CIDH junto a Vera, señaló que la consulta vulnera varias disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre ellas la libertad personal, la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Días atrás, la Cámara de Industrias y Producción anunció en Quito que presentó ante la CIDH una demanda de inconstitucionalidad del referéndum porque "viola derechos fundamentales de los ecuatorianos".

El anuncio de la Cámara contó con la presencia del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hernán Salgado, quien dijo que la pregunta sobre la reestructuración del sistema judicial "rompe el equilibrio de poderes, principio fundamental de un Estado".