Luego de la emergencia que generó el corte del suministro de agua potable a más de un millón de usuarios en la Región Metropolitana, tras el aluvión del río Maipo, varios alcaldes han alzado la voz acusando a Aguas Andinas (empresa concesionaria del servicio) de una actuación "negligente" en la distribución del agua.
Por ello, piden que la compañía reembolse o compense a los municipios por el apoyo que dieron en esta tarea. "Aguas Andinas descansó en los municipios de forma abusiva. Nosotros tuvimos que sumar 10 puntos de distribución a los tres que ellos colocaron, contratando camiones aljibes, estanques, transporte y personal", señaló el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS). El edil agregó que "creemos que la empresa actuó con negligencia y que debería compensar tanto a los clientes como al municipio".
Esto motivó a que el municipio colocara un reclamo formal a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) con el fin de que se "disponga en la normativa la obligación para la empresa de cubrir estos gastos comunales", señaló el edil.
Una situación similar se presentó en Estación Central, donde la municipalidad dispuso de 13 puntos extras de distribución de agua, lo que significó un gasto de $ 18 millones. "Lo que cuestionamos es el plan de contingencia de Aguas Andinas, ya que este tipo de emergencias se han dado otras veces y aún no tenemos nuevos puntos de distribución", dijo el alcalde Rodrigo
Delgado (UDI). Añadió que "esperamos que con la reclamación que haremos a la superintendencia se nos compense por este gasto a través de descuentos en las futuras boletas que el municipio paga por el servicio".
Desde Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Según su secretario ejecutivo (S), Marcelo Segura, "Aguas Andinas no puede eludir su responsabilidad y debería indemnizar tanto a los clientes como a los municipios por el enorme perjuicio que les causó".
Al respecto, el superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, anunció que "estos reclamos de los alcaldes servirán de antecedentes para la investigación que se está realizando a la empresa". Esta busca determinar si la firma actuó con la "debida diligencia durante la emergencia", cumpliendo los protocolos; si entregó de forma oportuna la información necesaria, y si su participación en el proceso del suministro alternativo de agua fue el correcto.
La investigación de la SISS tomará alrededor de un mes y, según informan desde la entidad, de comprobarse un actuar negligente de la empresa en el cumplimiento de los protocolos de emergencia, la firma arriesgaría una multa de entre 50 y 1.000 Unidades Tributarias Anuales, UTA (entre $ 27,8 millones y $ 556,4 millones).
Asimismo, el Sernac también abrió un proceso de investigación para evaluar si solicitará compensaciones a los usuarios.
Desde Aguas Andinas señalaron que "cuando la emergencia tiene el carácter de afectación regional, asume el control el COE Regional (Comité de Emergencia) y se pone en marcha un protocolo en el cual administra los recursos de los sectores y empresas involucradas. De esta forma la entrega de agua se realiza mediante estanques y camiones aljibes aportados por Aguas Andinas, Intendencia, Onemi, Ejército, Bomberos y Municipios y en puntos de distribución definidos previamente".
Al respecto, el director regional de Onemi y cabeza del COE, Rodrigo Rojas, aclaró que "la existencia del protocolo no exime de responsabilidad financiera a Aguas Andinas respecto de acciones a los que municipios quisieran incurrir".
