Eduardo Engel, ex presidente Comisión anticorrupción: "La ley anterior no servía para combatir la corrupción ni detectar conflictos de interés"

De todas las medidas propuestas en 2015 por la Comisión anticorrupción, que presidió el economista Eduardo Engel, las referentes a mejorar el sistema de declaraciones de patrimonio e intereses son las que registran el mayor porcentaje de avance (95%) y reciben la mejor nota (5,8) para la calidad de las leyes promulgadas. Esto según los informes del Observatorio Anticorrupción.

¿Qué destacaría como los mayores avances entre la antigua y la nueva normativa?

Las declaraciones de patrimonio e intereses juegan un rol importante en las políticas anticorrupción y en un buen manejo de los conflictos de interés. Sirven para detectar enriquecimiento ilícito de las autoridades. Si súbitamente el patrimonio de una autoridad se duplica, la prensa y la ciudadanía se enterarán y podrán pedir explicaciones, y si estas no son satisfactorias, las autoridades pertinentes podrán iniciar las investigaciones del caso. Las declaraciones de intereses ayudan a que autoridades con conflictos de interés no participen en instancias donde dichos conflictos importan. Por ejemplo, si un parlamentario tiene parte importante de su patrimonio en empresas de un sector determinado, no debiera participar ni votar proyectos de ley relacionados con dicho sector. La legislación anterior no cumplía los objetivos anteriores, porque los niveles de detalle que exigía eran bajísimos. Bastaba con que una autoridad declarara que tenía todo su patrimonio en la sociedad "Aquí escondo mi plata", por ponerle un nombre, para cumplir con las exigencias legales. No necesitaba entregar detalles sobre los sectores donde invertía esa sociedad ni sobre el valor de sus activos. Eso no servía para combatir la corrupción ni detectar conflictos de interés.

¿Cómo cree que resultó la ley del Congreso respecto de lo que propuso el Consejo anticorrupción y a las indicaciones del Ejecutivo? Lo pregunto porque hay materias como que finalmente no se va a declarar el patrimonio de las parejas con separación de bienes o que se limitó el plazo de tiempo sobre el cual las autoridades deben dar a conocer sus actividades previas.

El nivel de detalle exigido en las declaraciones y la fiscalización de la Contraloría son avances muy importantes, aunque quedaron temas que pudieron abordarse mejor, como los que usted menciona. El Observatorio Anticorrupción evalúa, para cada propuesta que hizo el Consejo, con una nota de 1 a 7, en qué medida fue recogida en la legislación. La nota promedio para las propuestas sobre declaraciones de patrimonio e intereses es un 5,8, lo cual constituye una buena evaluación. De hecho, 6 de las 12 propuestas tienen nota 7, aunque hay una con nota bajo 4.

¿Cuál medida tiene nota bajo 4?

Es un tema más bien técnico. Dice relación con que la Dirección de Etica y Transparencia Parlamentaria, creada como órgano que verifica el contenido de las declaraciones de los parlamentarios a petición de las comisiones de Etica, no tiene facultades para cruzar información con Contraloría.

¿Cree que la Contraloría tenga la capacidad para fiscalizar el cumplimiento de esta normativa? Ellos han reclamado por su presupuesto y solo cuentan con 10 funcionarios para revisar las más de 50 mil declaraciones que recibirán.

No tengo los elementos para evaluar si los recursos destinados por Contraloría son suficientes, lo que sí puedo decir es que es sumamente importante que realice bien esta labor y celebrar que esté usando formato de datos abiertos y reutilizables, lo cual facilita el uso de esta información por parte de la sociedad civil y los medios.

¿A qué apunta la obligación de que funcionarios públicos y autoridades deban declarar los intereses y patrimonios de sus hijos y parejas y se les pida detallar sus parentescos hasta segundo grado?

El motivo es evitar el uso de familiares cercanos como "palos blancos". A veces quien recibe la coima no es el funcionario corrupto, sino que es su cónyuge o un pariente cercano.

¿Pero esa exigencia no limita con la vida privada de las personas? ¿Cómo conciliar las declaraciones de patrimonio con la protección de datos personales?

Quienes son autoridades deben estar dispuestos a niveles de escrutinio público más exigentes que los ciudadanos en general. Esto incluye hacer pública información que los ciudadanos en general no están obligados a revelar.

¿Usted comparte la interpretación que hizo el abogado Jorge Claissac, quien renunció a la presidencia de EFE Arica-La Paz por considerar que la nueva norma obligaría a los profesionales, como abogados, a revelar la identidad de quienes fueron o son sus clientes, lo que vulnera el secreto profesional?

No conozco el caso particular que menciona, pero pasando a los principios generales, si una autoridad participa en decisiones sobre compras millonarias, es razonable querer saber si está contratando con empresas a las cuales asesoró en el pasado reciente.