Una casa en Las Brisas -en la V Región- fue el lugar de reclusión de los 16 integrantes del Consejo Asesor contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción que presidió Eduardo Engel. Allí, en una residencia de propiedad de los jesuitas estuvieron dos días votando y redactando el documento de 217 páginas que entregaron a la Presidenta Michelle Bachelet el viernes 24 de abril.

Fueron 305 las propuestas planteadas a la Mandataria -el resultado de 45 días de trabajo- quien busca superar la crisis generada por los casos Penta-SQM y Caval. "La ciudadanía debe jugar un rol clave, exigiendo que se cumpla la agenda de probidad", sostiene -ahora-Engel cuando da por finalizada la labor que le fue encomendada por Bachelet. Este es su balance y las razones de porqué la política debe ser financiada con recursos públicos.

¿Cómo se explica que en el momento en que la política vive un profundo desprestigio sea necesario entregar recursos millonarios extra para su funcionamiento? Al menos hay allí una paradoja…

Los recursos que se proponen para los partidos políticos son condicionados a que los partidos cambien radicalmente sus prácticas. Ni un peso para los partidos que funcionan como lo hacen hoy. Pero hubo acuerdo unánime del consejo para darle recursos públicos a partidos modernos, con una sólida democracia interna, transparentes, programáticos. Muy temprano concluimos que si los partidos no funcionan bien, las democracias no funcionan bien. Aquellos partidos que estén dispuestos a este cambio copernicano para pasar a ser partidos dignos del siglo XXI, de un país desarrollado, esos partidos sí necesitan financiarse, porque la política, sobre todo la buena politica, no es gratis.

¿Cómo se garantiza que esos recursos no perpetúen malas conductas o permita que se eternicen las actuales hegemonías partidarias?

Hoy las directivas de los partidos tienen más poder de lo razonable, influyen más de la cuenta al decidir quiénes serán los nuevos militantes, al determinar cuándo son las reuniones de la directiva del partido en que más de alguna vez la minoría se entera a última hora. Por eso la Presidenta anunció un rol de supervisión del Servicio Electoral para asegurar que los nuevos recursos se gasten bien y los procedimientos internos mejoren.

En la práctica ¿en qué serán distintos las colectividades?

Durante las últimas semanas hemos visto procesos electorales en varios partidos donde vota una fracción muy pequeña, alrededor del 20 por ciento, esa no es una democracia interna sana. Los nuevos partidos requieren de nuevas campañas. En la actualidad tapizan la ciudad de gigantografías, se afean enormemente las ciudades, se informa poco sobre lo que piensa o propone un candidato. Lo que propone la Presidenta es limitar a lugares muy específicos en cada ciudad y comuna donde se puedan poner gigantografías. Con eso se abaratan las campañas y se lleva a que estas se centren en las ideas. Hoy los candidatos muchas veces tienen vergüenza de indicar al partido al que pertenecen. Lo que proponemos es la obligatoriedad de que en cada anuncio indiquen el partido al que pertenecen.

También queremos partidos que tengan incentivos para atraer militantes. Para lograr eso proponemos que las cuotas que pagan los militantes se pareen con un fondo estatal. Peso por peso.

Y tenemos una medida con gran simbolismo en el anuncio de la Presidenta: la reinscripción de los padrones electorales de todos los partidos. El partido que quiera recursos públicos tiene que reinscribir a sus militantes.

¿Usted espera que en la próxima campaña que corresponde a las municipales estas nuevas medidas estén en funcionamiento?

Es un desafío grande, contempla una reforma a los partidos y fortalecer al Servel y al Tricel antes de las elecciones municipales del próximo año. Cuando nos vino a visitar el Servel nos dijo que si en septiembre está aprobada la nueva ley ellos lo pueden hacer.

Una de las premisas que queda evidente en el trabajo del Consejo es relevar el rol que debe tener el Estado en el financiamiento de la política…

En el Consejo estábamos de acuerdo en que el financiamiento de las campañas y de los partidos debe ser mixto, con componentes importantes públicos y privados. Ese es el caso en la actualidad para las campañas, pero no es así para los partidos, cuya única fuente externa de financiamiento es privada.

Usted apelaba a que la ciudadanía entienda que es necesario hacer un esfuerzo de recursos públicos para mejorar la política. ¿Cree que se acogerá ese mensaje?

Quienes somos líderes de opinión e intelectuales públicos, tenemos la responsabilidad de explicar la importancia de que los partidos reformados cuenten con recursos públicos. Cuando los partidos tienen que arrimarse a intereses privados para financiarse, el costo que uno puede terminar pagando son leyes que favorecen a grupos muy pequeños y perjudican al resto de la sociedad.

¿Cree que Chile es un país corrupto?

Chile no es un país corrupto, pero hemos tenido situaciones que sugieren situaciones concretas donde hubo corrupción, tráfico de influencia, conflictos de interés y financiamiento ilegal de la política. Esto ha minado la confianza ciudadana en sus líderes, tanto políticos como empresariales. La indignación resultante se justifica y es muy positiva, si no hay indignación no hay capacidad de reacción y cambio.

Según el trabajo que usted desarrolló en estos 45 días, ¿qué tan generalizadas son las prácticas de financiamiento irregular en la política?

Lo sucedido durante los últimos meses sugiere que la ley de gasto electoral que se aprobó el 2003, tuvo una fiscalización muy débil en su diseño, lo que llevó a que una parte importante del financiamiento fuera irregular, y, en algunos casos, ilegal.. Al mismo tiempo, también hay parlamentarios que eligieron no cruzar esa línea y financiaron sus campañas con apego a la ley.

Usted señaló que no esperaba que la Presidenta recogiera tantas propuestas del Consejo ¿Había realmente espacio para no hacerlo?

Siempre pensé que la Presidenta elegiría una combinación de medidas que le propusiera el consejo, los parlamentarios, la ciudadanía, etc. Y fue lo que hizo. Lo que sucedió es que las medidas que anunció cubren prácticamente todos los temas que consideramos prioritarios en el informe que le entregamos y eso me parece muy positivo. Vale la pena mencionar, también, que varias de las propuestas de nuestro informe las recogimos en las audiencias que sostuvimos, en las reuniones de trabajo que sostuvimos con organismos del estado, en el trabajo de comisiones anteriores..

Hay medidas que podrían aplicarse por mera voluntad política, no siendo necesario una legislación. ¿No sería eso una señal importante en el sentido de que los partidos y el gobierno están comprometidos con estos cambios?

La presidenta ha hecho eso con algunas medidas administrativas que tomó en las últimas semanas, por ejemplo, que las exigencias de las declaraciones de intereses y patrimonio de las autoridades del ejecutivo sean mucho mayores que en la actualidad. Pero ella no puede exigir esto a los restantes poderes del Estado, en particular a los parlamentarios, luego se requiere legislar.

Un ejemplo de ello -desde el punto de vista del gobierno- podría ser poner término a los contratos de parientes en el aparato público…

Nosotros hacemos una propuesta respecto a eso. Se trata de que las contrataciones en cargos de confianza, en la misma repartición de familiares directos como cónyuges, convivientes o parientes en segundo grado deberían realizarse por concurso cuyas actas sean públicas. Estamos buscando un equilibrio entre evitar designaciones que son por parentesco y no por mérito versus la posibilidad de que si alguien tiene méritos para trabajar en el sector público pueda hacerlo, aun cuando tenga un pariente que también lo hace.

La propia Presidenta Bachelet ha sido salpicada por casos de eventual corrupción. ¿Ha dado la Mandataria las señales suficientes, por ejemplo, respecto del caso Caval?

Me parece que el mea culpa de la presidenta en su discurso del viernes 24 de abril, cuando le entregamos nuestro informe, es una señal muy clara.

¿Hasta qué punto se podría sostener que en Chile el dinero condiciona la elección de un parlamentario? ¿Gana una elección quien gasta más plata?

El dinero no determina quien gana, basta ver lo que sucedió con el plebiscito de 1988, pero ayuda bastante. Mientras más dinero, mayor es la probabilidad de ganar una elección, un trabajo de Claudio Agostini en un proyecto del CEP y Cieplan entrega evidencia clara al respecto.

Existe, entonces, un componente distorsionador en la actual composición del Parlamento?

Lo que uno quiere es tener un Parlamento que refleje las preferencias del electorado, en que todos los candidatos al Congreso compitan en igualdad de condiciones y hoy no es así. Hay sectores que tienen acceso a mucho más financiamiento que otros. Los datos del Servel indican que el 70% de las platas privadas para elecciones parlamentarias son para la UDI y RN, y de ese 70% dos tercios son para la UDI y un tercio para RN.

¿Cree que senadores y diputados han terminado legislando pensando más en sus financistas que en el bien común?

Se sabe que en algunas legislaciones el financiamiento ilegal de la política jugó un rol, por ejemplo, en la ley de pesca. Uno podría concluir legítimamente que se terminaron entregando rentas de cientos de millones de dólares anuales a un número muy pequeño de familias debido a que algunos parlamentarios terminaron votando no necesariamente pensando en el bien de Chile sino que en sus financistas, y eso es malo para el país.

Una vez entregadas las propuestas del consejo, una de las preocupaciones evidentes es aquella que supone el riesgo de impunidad para aquellos que ya cometieron faltas o que ya fueron descubiertos.

Las nuevas leyes no son retroactivas, salvo cuando la retroactividad favorece a los eventuales culpables. Sin embargo, está la posibilidad de sanciones éticas. El desafío, entonces, es de los comité de ética de la Cámara, del Senado y de los partidos.

¿Qué esperaría usted en lo personal de aquellos que revelado prácticas irregulares para financiar sus campañas y que no resulten sancionados por la justicia?

No creo ser la persona para imponerle a otros qué deben hacer en el plano ético. El rol principal que puede aportar el Consejo que tuve el honor de presidir es contribuir a que en el futuro las situaciones por todos conocidas no vuelvan a suceder.

¿Qué hizo que en este país terminara imperando un modelo en que el financiamiento electoral tenga un sesgo en favor de las empresas?. Son éstas, por ejemplo, las que gozan de exención tributaria cuando donan…

Tuvimos el año 2003 un acuerdo entre la oposición y el gobierno luego de otra crisis importante. Y en ese acuerdo se terminó con una legislación particularmente amigable con el financiamiento de las empresas. Una situación en que las empresas tienen beneficios tributarios, las personas no tienen ningún beneficio y las ONG ni siquiera pueden financiar la política. Hoy hay consenso en el país de que eso no debe seguir.

¿Por qué se tiene que confiar en que los actuales legisladores voten a favor de esta normativa que hace que sean más fiscalizados?

En épocas normales, mirando la experiencia internacional comparada, es muy infrecuente que legisladores legislen medidas para que los fiscalicen más. A nadie le gusta que lo fiscalicen. Pero en el escenario actual los legisladores tienen conciencia de la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía, varios han dicho que las medidas deben doler. Es la forma de que se relegitimen ante la ciudadanía.

Una normativa como la que propuso el Consejo impediría casos como el de Penta o Caval?

El caso Penta se descubre porque hay un fraude tributario. La arista política no la descubrió el Servel porque con las atribuciones que tiene en la actualidad, es incapaz de detectar financiamiento ilegal. Las propuestas que estamos haciendo para un nuevo Servel es tal que a futuro podrá descubrir directamente el financiamiento ilegal.

¿No cree que hay un cierto peligro de generar sobreexpectativas respecto de las reformas propuestas por su consejo cuando la aprobación de ellas se verá en el Parlamento y siempre tiene un componente de incertidumbre?

Yo tengo confianza en que el camino que trazó la Presidenta en su discurso del martes será exitoso, las reformas a favor de la probidad serán uno de los legados de su gobierno. También soy optimistas respecto del rol que tendrá el Congreso. La ciudadanía también debe jugar un rol clave, exigiendo que se cumpla la agenda de probidad.

La actitud de los parlamentarios en general, de la clase política le da la impresión que ha sido más bien colaborativa frente a los anuncios?

La reacción ante las medidas que anunció la Presidenta ha sido muy positiva.

Hubo molestia inicial en los partidos por ser marginados del consejo…

Con objeto de que las propuestas del Consejo fueran legítimas para la ciudadanía, era importante que no participaran líderes empresariales ni políticos en el Consejo. Imagínese un consejo compuesto por los presidentes de partidos pidiendo mas recursos para los partidos …

Durante su trabajo sintió presiones al trabajo que realizó?

(sonríe)

El hecho de que este consejo fuera nombrado por la Presidenta, que respondíamos directamente a ella y que ella respetó nuestra autonomía en todo momento, nos protegió de todas las presiones.

Pero hubo presiones, por lo que deduzco de su respuesta...

La protección presidencial significa que aún en el escenario hipotético de que hubiera habido presiones, estas fueron irrelevantes.

Han sido incipientes las voces respecto a que el anuncio del proceso por una Nueva Constitución incomodó a ciertos consejeros. ¿No cree usted que se eclipsó el trabajo de su grupo?

Del discurso de la Presidenta se desprende que los tiempos del proceso constituyente son distintos a los de la agenda de probidad. El proceso constituyente comienza en septiembre, la agenda de probidad ingresa al Congreso a más tardar en junio. Se trata de carriles paralelos con tiempos distintos.