Luego que en marzo del año pasado fuera nombrado presidente del consejo asesor presidencial anticorrupción, Eduardo Engel ha debido monitorear desde la primera línea la tramitación de los proyectos de ley que integran la agenda de probidad y transparencia del gobierno: entre otras, la iniciativa que reforma la Ley de Partidos y el proyecto de fortalecimiento de la democracia, que establece un nuevo sistema de financiamiento público a la actividad política.

En general, Engel -presidente de Espacio Público y académico de la U. de Chile- tiene una opinión positiva de ambas propuestas, las que esta semana vivirán su fase legislativa final en el Congreso. Con todo, el economista advierte un “castigo” social si estos proyectos no son aprobados este mes, a objeto de que la nueva normativa opere en las próximas elecciones municipales de octubre.

¿Tendremos estas nuevas leyes aplicándose en las elecciones municipales de octubre?

Sí, en la medida que los proyectos se aprueban durante enero. El Servel necesita tiempo desde el momento en que se aprueba hasta el momento en que tiene que estar fiscalizando las elecciones en terreno. Si estas leyes se aprueban en marzo, es muy probable que el Servel no alcance a prepararse. La ciudadanía no va a perdonar que no tengamos campañas mucho más informativas y transparentes para las elecciones municipales. Si la ciudadanía ve que no cambian las cosas para la próxima elección municipal, se está perdiendo una última oportunidad para recuperar la confianza tan necesaria de la ciudadanía hacia sus líderes políticos.

Hasta ahora, ¿cómo evalúa el estado de esta agenda de probidad?

Si uno compara la versión que salió del Senado respecto de la que venía de la Cámara, en la Ley de Partidos uno constata avances importantes. Usemos el Observatorio Anticorrupción, considerando todas las medidas que propuso el consejo asesor que presidí. Esa evaluación constata ua avance importante. La nota que tenía la versión de la Cámara era un 5,2, y la versión que está saliendo del Senado sube a un 5,9. Más aún, tendría la posibilidad de llegar a un 6,1 si la Ley de Partidos y la Ley de Fortalecimiento de la Democracia se aprueban en enero.

¿Qué explica ese avance? 

Varias mejoras. Por ejemplo, un rol claro para el Servel durante las elecciones internas de los partidos, que le da la facultad para tener ministros de fe en los actos eleccionarios de los partidos. Hubiese sido mejor que fuera obligatorio, pero que sea una facultad del Servel es un gran avance respecto de la versión que salió de la Cámara.

¿Por qué esa evaluación no es mejor?

Los partidos reciben financiamiento público a partir de marzo y, sin embargo, la reinscripción de sus padrones electorales es posterior. La propuesta del consejo asesor era primero la reinscripción y sólo después el financiamiento público. El tema de cómo será el refichaje quedó bien, pero hubiese sido mejor que los partidos recibieran recursos públicos luego de completar este proceso. Un segundo tema que no se aborda tiene que ver con las condiciones de permanencia de los partidos. El proyecto disuelve los partidos que no cumplen con los requisitos a la primera elección. Una propuesta del consejo asesor era que a la primera elección en que un partido no cumple con los requerimientos de permanencia, se le corta el financiamiento público, y sólo si vuelve a incumplir en la elección siguiente se le disuelve. Es decir, tarjeta amarilla a la primera y tarjeta roja a la segunda, de modo que tengan ocho años para ver si logran convocar a suficientes votantes. La ley le da tarjeta roja a la primera.

¿Qué avances ha visto en el proyecto de fortalecimiento de la democracia? 

Hay un deterioro, porque la precampaña se acortó para todas las elecciones, salvo la presidencial. Y hay una mejora en lo que dice relación con cohecho. ¿Qué temas faltan en las campañas? Lo más grave, probablemente, es que la prescripción de los delitos comienza del momento en que se comete el delito, no del momento en que un candidato entrega su rendición de cuentas. Esto significa que, desgraciadamente, volveremos a tener situaciones en que delitos graves no tengan sanción alguna, porque al momento de descubrirse ya prescribieron. Tampoco se consideraron las propuestas del consejo asesor de establecer una franja radial gratuita y transporte gratuito durante los días de elecciones. Finalmente, no se recogió la idea de que las candidaturas patrocinadas por partidos políticos consignen los logos de sus partidos en forma clara y visible durante la propaganda electoral. También había una serie de propuestas del consejo asesor para evitar el abuso del gobierno durante períodos electorales, que no se consideraron. Por ejemplo, en período de elecciones prohibir nuevas contrataciones a honorarios y limitar el gasto en publicidad al mismo parámetro de años previos. Eso tampoco está en el proyecto de ley.

¿Cuál es su postura frente a los sistemas de elección interna en los partidos? ¿Es más democrático el mecanismo directo, ese decir, el de “un militante, un voto”?

El consejo asesor presidencial no hizo ninguna propuesta relacionada con este tema. Los mecanismos de elección directa son todos claramente democráticos. Respecto de los de elección indirecta, algunos también lo son, otros no tanto.

¿En el caso del sistema indirecto que utiliza el PS?

El Partido Socialista tiene un esquema que me parece perfectamente democrático. Es un sistema relativamente simple, lo conozco y me parece democrático.

¿Y en el caso del PC?

La verdad es que no conozco el detalle el sistema de elección del PC. Por lo tanto, sería irresponsable opinar.