Cuando finalizaba la primera semana de septiembre, el domingo 7, el gobierno anunció un paquete de 24 indicaciones a la reforma educacional, obligando a los parlamentarios a una rápida lectura nocturna. Al día siguiente, el oficialismo se cuadró con el nuevo proyecto, con la salvedad de una evidente tonalidad de matices.

Uno de ellos lo aportó el presidente de la DC, Ignacio Walker. "Es casi un proyecto nuevo", señaló el timonel de la falange, subrayando que la mayor parte de las enmiendas recogían los planteamientos de su partido.

Tras el rechazo de sus pares de la Nueva Mayoría, la llamada "bancada estudiantil" se sumió en un estado de reflexión. La posibilidad de que los sostenedores arrendaran sus establecimientos y se fijaran un sueldo con fondos públicos dejaba abierta la posibilidad de un "lucro encubierto". La diputada comunista Camila Vallejo alertaba: "Tal como están estas indicaciones, no estoy en condiciones de aprobarlas", dijo, e hizo una salvedad: "O, si no, vamos a tener que presentar indicaciones propias para reemplazar aquellas que nos preocupan", agregó.

La contienda estaba declarada y el gobierno debía mediar.

A los días, ocurrió la primera cita entre los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara con los asesores del Ministerio de Educación. Allí comenzaría un proceso de sinceramiento de posiciones, las que se tradujeron en la acogida de nuevas indicaciones y el retiro de otras.

Fuentes que participaron de esas instancias señalan que los encuentros de los parlamentarios y sus asesores se sucedieron a razón de cada dos a tres días, todas realizadas en el Mineduc. La mayor parte de los encuentros los lideraban los asesores jurídicos de la cartera, Patricio Espinoza y Misleya Vergara, además de Andrés Palma y Exequiel Silva. En ocasiones se integraba el ministro Nicolás Eyzaguirre, quien hacía las definiciones políticas del intercambio de ideas.

De estas reuniones, que rondaron los días de Fiestas Patrias, se concordó en una indicación que penalizara con cárcel el lucro con fondos públicos, preocupación transversal de los legisladores de la Nueva Mayoría.

Esta iniciativa fue motivo de una suerte de descoordinación en la coalición de gobierno. Tras la cita del comité político de este lunes, los timoneles del bloque cerraron filas con el gobierno, a petición del propio ministro Eyzaguirre, y cerraron el espacio para nuevas indicaciones.

Con todo, el pasado martes, en la sala de la Segpres de la Cámara, el gobierno oficializaba sus nuevas posturas. Lo hizo mediante intensas reuniones mientras sesionaba la sala de la Cámara, haciendo entrar y salir a los integrantes de la Comisión de Educación del hemiciclo. Fuentes que participaron de la cita aseguran que el ministro Eyzaguirre comprometió el apoyo del gobierno a la penalización del lucro, solicitando, a su vez, el retiro de otras indicaciones que entorpecieran la votación de la primera fase de la reforma educacional, haciéndose cargo de una estrategia de la oposición, acusan en el oficialismo, de ralentizar el proyecto con la presentación de nuevas indicaciones.

En este sentido, quedaban suspendidas, por ejemplo, iniciativas de la diputada Cristina Girardi, sobre finalizar la selección en todo el sistema educativo y otra en torno al financiamiento del Estado a la educación pública y la subsidiariedad a la particular subvencionada. Sin embargo, quedaba despejar un nudo; la indicación de la diputada Yasna Provoste, que elimina el lucro en las Agencias Técnicas Educativas.

Miembros de la comisión sostienen que Eyzaguirre reconoció que en las ATE "hay un problema" y que éstas se prestan para el lucro. Sin embargo, hizo ver que eso pertenecía a la regulación de calidad y no con el proyecto en trámite, que legisla el lucro, copago y selección. "Nosotros le dijimos al ministro que sí tiene que ver, porque gran parte del cómo los establecimientos desvían recursos es a través de las ATE", relata la diputada Cristina Girardi. "En eso tuvimos una diferencia de opinión con el ministro", agrega el diputado Mario Venegas, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara. Pese a ello, la diputada Provoste insistió con modificaciones a su enmienda y ya cuenta con el apoyo de sus pares oficialistas.

Así, en casi dos semanas y media, se logró aplacar las inquietudes de los diputados oficialistas, incluyendo a la bancada estudiantil. "Las indicaciones iniciales del Ejecutivo no contemplaron distintas sensibilidades de quienes apoyamos las ideas matrices del proyecto, por lo que espero que las indicaciones que trabajamos posteriormente sean aprobadas para avanzar en la reforma", dijo el diputado RD Giorgio Jackson.