El secretario de Justicia de EEUU, Eric Holder, dijo hoy que el próximo 1 de octubre pondrá en marcha una nueva política sobre el manejo de secretos de Estado, como parte de un esfuerzo por promover la rendición de cuentas y la confianza pública en el gobierno.

"Esta política es un paso importante hacia el restablecimiento de la confianza pública en el uso de este privilegio a la vez que reconocemos la imperiosa necesidad de proteger la seguridad nacional", dijo Holder en un comunicado.

El cambio en la política antes utilizada bajo el mandato de George W. Bush podría limitar los argumentos del gobierno sobre la preservación de información considerada "privilegiada", de manera que éstos se utilicen "cuando sea necesario y de la forma más estricta posible", explicó Holder.

Así, el Departamento de Justicia dijo que no se escudará detrás del argumento de información privilegiada para "ocultar acciones irregulares del gobierno o para evitar que las agencias o funcionarios del gobierno pasen vergüenza".

Los argumentos de secreto de Estado se utilizarán solamente cuando esté en juego la defensa nacional o las relaciones exteriores del país, enfatizó la agencia federal.

La nueva política, que es fruto de una revisión encargada por Holder a comienzos de este año, no afectará los casos pendientes ante los tribunales, incluyendo aquellos en los que la Administración Obama ha decidido continuar con la política del gobierno anterior.

Bajo el Gobierno de Bush, las autoridades se escudaban detrás del argumento de "secreto de Estado" para frenar, por ejemplo, la divulgación de ciertos datos relacionados con la tortura o con un programa de espionaje. A su juicio, la divulgación de esos datos pondría en peligro la seguridad nacional.

El gobierno de Bush recurrió a esos argumentos, por ejemplo, en algunas demandas relacionadas con las escuchas telefónicas y demás formas de vigilancia interna realizadas tras los atentados de 2001.

Algunos líderes del Congreso y grupos cívicos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) han criticado el uso de los secretos de Estado como argumento para frenar acciones judiciales.

El presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, dijo hoy que seguirá de cerca la aplicación de la  nueva política "para asegurar que aporta el mayor nivel de rendición de cuentas y confiabilidad que ha prometido el fiscal general".

Sin embargo, ACLU indicó en un comunicado que la nueva política anunciada hoy no quita la necesidad de una "verdadera reforma".

ACLU instó al Congreso a que apruebe una ley para restringir aun más el manejo de los secretos de Estado, porque considera que las acciones del Ejecutivo deben ser supervisadas por el Congreso.

Ben Wizner, abogado de ACLU, dijo que "sobre el papel, este es un paso hacia adelante pero en los tribunales, sin embargo, la Administración Obama continúa defendiendo la visión del Gobierno Bush y exigiendo que los tribunales federales rechacen demandas de víctimas de tortura y vigilancia ilegal".

"Una verdadera reforma del privilegio de los secretos de Estado debe reafirmar la autoridad de los tribunales de rechazar los falsos argumentos de 'seguridad nacional'" que utilice el gobierno, agregó.